Impulsan en Mendoza la Ley Antiaguantaderos

Los inmuebles abandonados que son utilizados para esconder delincuentes, almacenar objetos robados o comercializar drogas podrían quedar alcanzados por un nuevo marco legal en Mendoza. El proyecto de Ley Antiaguantaderos comenzó a ser debatido en la Legislatura con el objetivo de transformar el actual protocolo de intervención en una política pública permanente.

La iniciativa fue defendida este lunes por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, durante su exposición ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza, donde explicó los alcances de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

Según el funcionario, la intención es dotar al Estado de una herramienta legal que permita actuar con mayor rapidez sobre propiedades abandonadas o deterioradas que terminan convirtiéndose en focos de inseguridad para los vecinos.

Qué busca la Ley Antiaguantaderos

Durante su presentación ante los legisladores, Jaliff sostuvo que el proyecto apunta principalmente a fortalecer la seguridad pública y recuperar espacios urbanos que hoy representan un riesgo.

"Se trata fundamentalmente de preservar la seguridad pública y ciudadana, el entorno urbano, porque hemos visto muchos inmuebles que son la plataforma donde se cometen muchos delitos. Generalmente son propiedades abandonadas, en uso o deteriorados. En esos lugares hay potencialmente un peligro, ya sea para convertirse en un aguantadero, ser un espacio de escondite, comercialización de estupefacientes o de acopio", explicó.

El funcionario remarcó que la propuesta no está dirigida a intervenir viviendas ocupadas de manera permanente, sino inmuebles abandonados que son utilizados ocasionalmente para actividades ilícitas.

Cómo podrá intervenir el Estado

Uno de los aspectos centrales del proyecto establece que el procedimiento comenzará a partir de un pedido formal para que las autoridades evalúen la situación del inmueble.

Jaliff aclaró que, cuando exista una ocupación permanente de la propiedad, la intervención deberá canalizarse por la vía judicial. "Si hay una ocupación permanente, el caso tiene que ir a la Justicia. La ley habla de lugares donde no es permanente la ocupación", precisó.

Una vez constatadas las condiciones previstas por la ley, las autoridades podrán aplicar distintas medidas preventivas sobre el inmueble para impedir que continúe siendo utilizado con fines delictivos.

Las medidas previstas

Entre las acciones contempladas por el proyecto figuran el tapiado de accesos, el cerramiento o clausura parcial o total de la propiedad y el sellado de puertas, ventanas u otras aberturas.

También se habilita la posibilidad de realizar demoliciones parciales controladas o retirar estructuras que representen riesgo de derrumbe cuando las condiciones del inmueble así lo justifiquen.

Estas intervenciones se mantendrán hasta que pueda garantizarse la seguridad estructural del lugar o se resuelva definitivamente su situación legal.

Los antecedentes en Mendoza

Desde el Gobierno provincial destacaron que el protocolo actualmente vigente ya permitió avanzar sobre numerosos inmuebles vinculados con actividades delictivas.

De acuerdo con los datos oficiales presentados durante el tratamiento legislativo, hasta el momento se realizaron 20 intervenciones administrativas preventivas en distintos puntos de Mendoza.

Además, se concretaron 13 demoliciones de inmuebles y múltiples tareas de cerramiento y tapiado en propiedades abandonadas que, según las autoridades, eran utilizadas como aguantaderos o representaban un riesgo para la seguridad de los vecinos.