Martín Rappalini, presidente de la UIA y uno de los dueños de San Jorge.
Martín Rappalini, presidente de la UIA y uno de los dueños de San Jorge.
Martín Rappalini, presidente de la UIA y uno de los dueños de San Jorge.
La Unión Industrial Argentina (UIA) salió al cruce de los fallos judiciales que frenaron la ley de reforma laboral y reclamó que se cumpla con la norma sancionada por el Congreso Nacional. “La Unión Industrial Argentina (UIA) expresa su preocupación ante la suspensión cautelar de 82 artículos de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, una norma sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, en pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Legislativo”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.
La Justicia laboral suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral, luego de una medida cautelar presentada por la CGT. El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró suepender provisoriamente “la vigencia de la ley 27.802”. El fallo frena el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga y la derogación de la Ley de Teletrabajo.
La UIA afirmó que “el respeto por la división de poderes y por las leyes democráticamente aprobadas es un pilar esencial para la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de la economía”.
Para los industriales, “ante la sanción de una ley por parte del Congreso Nacional, con las mayorías legales pertinentes, la suspensión de sus efectos o la declaración de inconstitucionalidad deben ser el último recurso del orden jurídico y no el primero como ha sucedido en este caso”.
“La Argentina necesita reglas claras, previsibles y estables que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad”, enfatizó la UIA.
En la misma línea señaló que “la persistencia de la incertidumbre normativa debilita el clima de negocios y retrasa las decisiones productivas”.
“Por ello, resulta fundamental garantizar la plena vigencia de marcos legales que buscan modernizar el sistema laboral y acompañar el desarrollo del país”, concluyó el parte de los industriales.
La medida llega tras la judicialización de la central obrera en la Justicia en su intento de frenar la ley de "modernización laboral" que impulsó la gestión de Javier Milei.
El juez reconoció la legitimación de la CGT para actuar en representación colectiva de toda la clase obrera argentina y afirmó que la intervención de un Poder Judicial independiente es indispensable en la República.
