El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$ 16.100 millones de dólares.
“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, precisó Maril en el posteo.
El Gobierno también rechazó el pedido de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar para dar precisiones sobre el pedido. El Gobierno señaló que le hará el pedido correspondiente al Banco Central.
Los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones intentan establecer conexiones para detectar activos que le permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia.
Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio de Preska y está a la espera de esa resolución por parte de la Corte de Apelaciones.
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El objetivo central del Gobierno en esta operación es lograr el rollover (renovación) de vencimientos que ascienden aproximadamente a los $9,6 billones.
Los incumplimientos de Argentina
En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que "el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro". Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es "grave y continua" y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.
La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.
Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos, resaltando que "el 'jefe' de (Santiago) Bausili" (presidente del Banco Central) y que ambos están en "contacto continuo vía grupo de chat".
Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos "equivale a una falta de comparecencia".
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En tribunales de Nueva York se tramita el juicio de fondos buitre contra Argentina por YPF.
En caso de que el gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una "audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos".
Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los "honorarios razonables de abogados" de los demandantes por su conducta obstructiva.
Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.
