Tras el aval de la Corte y la adjudicación del Estudio de Impacto Ambiental, el Gobierno de Mendoza, a través de la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible S.A., lanzó formalmente la invitación a titulares de derechos mineros para sumarse al Distrito Minero Norte (MNDM), un esquema que busca ordenar la exploración y explotación de cobre y oro en la zona de Uspallata y Paramillos bajo un mismo paraguas ambiental. La convocatoria se enmarca en el procedimiento oficial aprobado por la provincia, que establece plazos, requisitos y garantías para quienes deseen adherir.
La propuesta consiste en que los particulares presenten una Carta de Adhesión acompañada de documentación técnica y legal, además de una garantía de USD 10.000. Los proyectos seleccionados formarán parte de un paquete de hasta 30 iniciativas que serán evaluadas de manera conjunta en un Informe de Impacto Ambiental Integral (IIA), elaborado por la consultora internacional Knight Piésold. El objetivo es evitar duplicaciones de estudios, acelerar trámites y ofrecer una línea de base ambiental común que permita a la Legislatura provincial discutir los proyectos en bloque.
"El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología de comunicación, presentación e invitación a participar en el proyecto Mendoza Norte Distrito Minero, asegurando transparencia y equidad a los titulares de propiedades mineras comprendidas en el MNDM", señala el documento oficial de Impulsa Mendoza.
Hasta 30 proyectos en un solo paquete legislativo
Los interesados deberán enviar la Carta de Adhesión y la documentación requerida al correo oficial de Impulsa antes del 13 de mayo de 2026, a las 23:59. La incorporación definitiva dependerá del cumplimiento de los requisitos y de la disponibilidad de cupo. Una vez alcanzado el límite de 30 proyectos, las adhesiones posteriores quedarán en lista de espera.
El procedimiento establece que las reuniones con los titulares, aunque no obligatorias, deberán quedar registradas en actas. Además, los adherentes deberán aceptar de manera anticipada el contenido técnico del IIA elaborado por Knight Piésold, renunciando a reclamos administrativos o judiciales contra la consultora o la empresa estatal.
Este esquema implica compromisos posteriores: desde la presentación de declaraciones juradas y cronogramas de exploración hasta la formalización de acuerdos con comunidades y el desistimiento de expedientes ambientales previos. En caso de incumplimiento, Impulsa podrá ejecutar la garantía y excluir al proyecto del distrito.
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El Distrito Minero Norte expande las fronteras de San Jorge para explorar en busca de otro y cobre.
Knight Piésold, la consultora elegida por Cornejo
La elección de Knight Piésold como responsable del IIA Integral del Distrito Minero Norte no es casual. Se trata de una de las consultoras más antiguas y reconocidas en el ámbito minero global, con más de un siglo de trayectoria y presencia en 16 países. Su especialidad son los depósitos de relaves, instalaciones críticas para el manejo de desechos mineros, donde ha introducido innovaciones como el apilamiento seco (“dry stack”) y sistemas de drenaje subaéreo.
En Argentina, la firma desembarcó en 2005 para trabajar con Barrick Gold en Veladero y Pascua Lama, y hoy cuenta con oficinas en Mendoza, San Juan, Salta y Río Gallegos. Su filial local emplea a unos 250 profesionales y ostenta certificaciones ISO en calidad, ambiente y seguridad ocupacional.
Sin embargo, su historial también está marcado por controversias. En 2014, el colapso de la presa de relaves de la mina Mount Polley en Canadá liberó 25 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos, un desastre atribuido a fallas de diseño de Knight Piésold. En Perú, su participación en el complejo metalúrgico de La Oroya fue cuestionada por recomendar “flexibilidad” en el cumplimiento ambiental, lo que derivó en décadas de contaminación extrema y condenas internacionales. En Chile, los estudios iniciales de Pascua Lama terminaron vinculados a daños irreparables en glaciares, mientras que en San Juan la mina Veladero sufrió múltiples derrames de cianuro bajo su supervisión técnica.
Estos antecedentes generan suspicacias sobre el rol de la consultora como garante ambiental en Mendoza. No obstante, para el Gobierno provincial su experiencia internacional son un activo clave para blindar el proyecto frente a la Legislatura y los inversores.
Distritos mineros para aprobar proyectos en tanda
La convocatoria al Distrito Minero Norte se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Alfredo Cornejo: la creación de distritos mineros como herramienta para sortear las restricciones de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico en procesos de lixiviación. Ante la imposibilidad política de derogar esa norma, el Ejecutivo diseñó clústeres geográficos que agrupan proyectos bajo un mismo estudio ambiental integral.
El modelo ya fue aplicado en Malargüe, donde se logró la aprobación legislativa de varios proyectos en paquete. Ahora, la réplica en el norte provincial busca aprovechar el fallo de la Suprema Corte que despejó el conflicto con Danone en Paramillos y consolidar un esquema de “seguridad jurídica y celeridad administrativa” para atraer capitales.
El distrito abarca casi 4.000 km², con entre 140 y 200 propiedades mineras. Se organiza en dos sectores: el Occidental, vinculado al proyecto San Jorge, único con DIA aprobada; y el Oriental, asociado a Paramillos, donde persiste la disputa judicial pero también el mayor interés geológico. La zona de reserva de Villavicencio queda explícitamente excluida.
El Gobierno presentó este modelo en la feria PDAC 2026 en Canadá, buscando seducir a inversores internacionales con la promesa de diversificación productiva más allá del petróleo y la agricultura. El proyecto San Jorge aparece como eje estructurante, al contar con infraestructura y estudios avanzados que reducen riesgos para los privados.
Una estrategia política para blindar la minería
La convocatoria de Impulsa Mendoza al Distrito Minero Norte es, en apariencia, un procedimiento administrativo para ordenar adhesiones y estudios ambientales. Pero detrás hay una estrategia política y económica de mayor alcance: blindar el frente judicial, legitimar la expansión minera con el aval de una consultora global y ofrecer a la Legislatura un paquete cerrado de proyectos para su aprobación.
Para los titulares mineros, la invitación implica compromisos estrictos y la aceptación irrevocable de informes técnicos elaborados por una empresa con antecedentes cuestionados. Para el Gobierno, es la oportunidad de mostrar al mundo que Mendoza puede diversificar su matriz productiva y atraer inversiones bajo un esquema de seguridad jurídica. Y para la sociedad mendocina, abre un debate inevitable sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
