l dictamen le da aire al exjefe de Gabinete, pero reavivó el enfrentamiento con la oposición.
Adorni y el Gobierno: cómo impacta el dictamen que descartó el enriquecimiento ilícito
Adorni y el Gobierno: cómo impacta el dictamen que descartó el enriquecimiento ilícito
La causa que puso bajo la lupa el patrimonio de Manuel Adorni cambió de rumbo. Después de meses de cuestionamientos por sus propiedades, sus gastos y las explicaciones sobre el origen del dinero, el fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen pruebas suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció ilícitamente durante su paso por el Gobierno.
La decisión representa un alivio para el exfuncionario, pero está lejos de significar el final de la investigación. Pollicita pidió que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si existieron maniobras de evasión tributaria. Ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deba resolver si acepta el planteo.
El argumento central del fiscal fue que no pudo refutar la explicación presentada por la defensa. Adorni sostuvo que buena parte del dinero cuestionado provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de ingresar a la función pública. Según esa versión, una inversión cercana a los 200.000 dólares terminó convertida en casi 592.000 dólares, que luego conservó en efectivo.
Sin embargo, las dudas sobre el patrimonio no desaparecieron. La propia defensa reconoció que parte de esos ahorros había permanecido fuera del sistema bancario y de las declaraciones ante ARCA. Para Pollicita, existen elementos que justifican investigar si hubo omisiones tributarias durante esos años.
El dictamen modifica la situación judicial del exfuncionario y le permite sostener que no se pudo demostrar que su crecimiento patrimonial estuviera relacionado con el ejercicio de un cargo público.
La explicación sobre los Bitcoin, que durante meses estuvo en el centro de las sospechas, encontró respaldo en la evaluación de la fiscalía. Pollicita consideró que no había pruebas suficientes para descartar que esos fondos se hubieran formado antes de la llegada de Adorni al Gobierno.
Pero el resultado no borra las controversias que acompañaron su paso por la Jefatura de Gabinete. La discusión sobre el uso de dinero en efectivo, las propiedades y la falta de declaraciones patrimoniales completas seguirá presente mientras avance la investigación tributaria.
Adorni renunció el 27 de junio de 2026, en medio del escándalo por su situación patrimonial y de la presión opositora en el Congreso. El dictamen le ofrece ahora un argumento para defender su actuación, aunque todavía deberá responder por las cuestiones fiscales que quedaron bajo investigación.
La resolución también tiene consecuencias para Javier Milei. El Presidente había respaldado a Adorni durante los meses de cuestionamientos y ahora encontró un elemento judicial para reforzar aquella defensa.
Tras conocerse el dictamen, Milei compartió en sus redes sociales publicaciones que denunciaban los ataques contra el exjefe de Gabinete y cuestionaban que se lo hubiera presentado como culpable antes de que avanzara la investigación. No realizó un pronunciamiento propio sobre el expediente, sino que replicó mensajes de terceros.
El movimiento le permite al oficialismo instalar que la acusación por enriquecimiento ilícito no consiguió respaldo judicial. Sin embargo, la investigación por posible evasión sigue pendiente y limita la posibilidad de presentar el episodio como un asunto completamente resuelto.
Las reacciones de dirigentes opositores fueron inmediatas. Una parte de las críticas apuntó a que el cambio de fuero podría reducir el peso político y judicial de una investigación que durante meses estuvo centrada en el patrimonio de un funcionario de primera línea.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la explicación de los fondos obtenidos mediante criptomonedas y sostuvo que todavía existen gastos y operaciones que deben investigarse.
María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, también criticó el dictamen. Consideró que enviar el expediente al fuero tributario podría convertir el caso en una discusión sobre impuestos que se resuelva mediante el pago de obligaciones pendientes.
Desde el Partido Obrero, Gabriel Solano calificó la decisión como un caso de justicia de clase. Las críticas coincidieron en cuestionar el alcance del dictamen y el posible traslado de la causa.
