- La minería de Mendoza ganó crédito para las inversiones globales.
- Un golpe de la geopolítica a la resistencia ambiental al extractivismo.
Las inversiones en San Jorge se potencian con el efecto Venezuela.
La intervención en Venezuela y la consecuente disparada del precio del cobre actúan como un "acelerador de partículas" para el Proyecto San Jorge (PSJ), justo en el momento más crítico de su historia reciente. El cobre se fortaleció para las inversiones.
En la geopolítica de los recursos, el aleteo de una mariposa en Caracas puede provocar un huracán en los Andes mendocinos. O, para ser más precisos, una intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela puede actuar como un inesperado "acelerador de partículas" para un proyecto que, hasta hace semanas, caminaba sobre el filo de la navaja local.
La iniciativa minera de Uspallata enfrenta hoy una alineación de astros que ni el más optimista de sus inversores hubiera pronosticado al cierre de 2025: un mundo desesperado por cobre seguro y un precio del metal rojo rozando el pánico de los US$ 6 la libra.
El cronograma no podría ser más ajustado. La Legislatura de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el pasado 9 de diciembre de 2025, una fecha que ya marca un hito en la historia minera provincial. Sin embargo, lo que entonces parecía una victoria legislativa tensa, hoy, en enero de 2026, se lee bajo una luz completamente distinta. La crisis en el norte de Sudamérica ha convertido al cobre en el refugio financiero predilecto ante la volatilidad global, y a San Jorge en una pieza estratégica para Occidente.
Para construir la mina, los desarrolladores necesitan volcar una suma cercana a los US$ 600 millones. Hasta noviembre, el denominado "Riesgo Mendoza" —el fantasma de las protestas y la estricta Ley 7722— era un disuasivo potente para la banca internacional. Ese escenario se ha desfigurado.
Con la cadena de suministro global amenazada por la inestabilidad venezolana, los fondos de inversión buscan activos en jurisdicciones alineadas geopolíticamente. Solway Investment Group, el conglomerado suizo dueño del proyecto a través de Zonda Metals, encuentra hoy puertas abiertas que antes estaban selladas. La lógica del mercado ha mutado: San Jorge ya no es evaluado solo por su Tasa Interna de Retorno (TIR), sino como un activo de seguridad de suministro para la industria occidental.
Sin embargo, el verdadero motor de esta reactivación no habla alemán ni inglés, sino que tiene un acento marcadamente local. La clave política que explica la velocidad de los acontecimientos es el Grupo Alberdi (Alberdi Energy), socio local del proyecto, y más específicamente, su líder: Martín Rappallini.
Desde que asumió la presidencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) en abril de 2025, Rappallini se ha convertido en el interlocutor industrial más influyente del país. Su rol ha transformado la naturaleza del lobby minero. Ya no se trata de una multinacional solicitando permisos; es el titular de la industria nacional pidiendo "desarrollo federal" en los despachos de la Casa Rosada.
Fuentes cercanas al proyecto confirman que el Grupo Alberdi está ejecutando una estrategia de "tres frentes" para capitalizar el momento:
Ingreso al RIGI: La meta es que San Jorge ingrese al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) antes de julio de 2026. Con el aval de Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo, el trámite avanza bajo la etiqueta de "Proyecto Estratégico", prometiendo estabilidad fiscal por 30 años.
Rebranding: La iniciativa ha sido rebautizada comercialmente como "PSJ Cobre Mendocino", un intento por limpiar la imagen conflictiva de la vieja marca y asociarla a la transición energética.
Contención interna: Mientras los suizos aseguran el capital, los locales negocian con proveedores de Uspallata para mostrar beneficios tangibles antes de que se coloque el primer ladrillo.
El impacto más profundo de la crisis venezolana es el cambio en la narrativa política. El debate tradicional de "desarrollo económico versus agua" está siendo desplazado por una retórica de "seguridad nacional". Tanto la administración de Cornejo como el gobierno nacional ven en San Jorge la oportunidad de demostrar que Argentina es un proveedor confiable para sus aliados en tiempos de conflicto.
Esta urgencia podría presionar a los organismos técnicos para que los permisos sectoriales —el paso burocrático posterior a la DIA— se emitan en tiempo récord. El objetivo de Rappallini y sus socios es claro: lograr una "foto de obra" con el inicio del camino de acceso antes de que finalice el verano de 2026. Necesitan hechos consumados para blindar el proyecto.
No obstante, la intervención de Donald Trump en el conflicto venezolano es un arma de doble filo. La politización extrema de los recursos naturales podría revitalizar la resistencia social en Mendoza. Las asambleas ambientales, que ya mostraron su poder de movilización en diciembre, tienen ahora un nuevo argumento: la defensa de la soberanía ante la "guerra de recursos".
Si el conflicto escala y la narrativa anti-intervencionista prende en la sociedad mendocina, el proyecto podría sufrir una "nacionalización del conflicto", asustando a los mismos inversores que hoy se acercan atraídos por el precio del cobre.
Por ahora, los números mandan. Si el cobre se mantiene en estos niveles históricos, San Jorge tiene todo para convertirse en la primera mina de cobre metalífera en entrar en producción en Mendoza, rompiendo el blindaje de la Ley 7722 mediante el uso de xantato y flotación, sin tocar el cianuro. La geopolítica ha puesto las cartas sobre la mesa.