- La CGT se moviliza a Tribunales en medio de presentaciones judiciales
- Buscan frenar la reforma laboral que sancionó el Senado pero que aun no se promulga
La Confederación General del Trabajo (CGT) se moviliza este lunes al palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo a la reforma laboral aprobada por el Congreso la semana pasada. La central obrera busca la judicialización en varios artículos del proyecto sancionado, que aún no fue promulgado por el Poder Ejecutivo.
Según indicó Infobae, los abogados de la CGT, asesorados por constitucionalistas como Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra, dudaban acerca de presentar el recurso judicial ante el fuero laboral o ante el contencioso administrativo, una decisión estratégica que puede impactar en el futuro de la flamante ley.
Es que el precedente judicial más cercano se remonta a fines de 2023, cuando la jueza laboral Liliana Rodríguez Fernández, hizo lugar parcialmente al amparo presentado por la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70, al declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 de la norma dictada por Javier Milei.
La diferencia ahora es que en este caso, se trata de una ley sancionada por el Congreso y no un decreto de necesidad y urgencia. En ese momento, la central obrera apuntó a que no había motivos de emergencia que justificaran que el Poder Ejecutivo reemplazara atribuciones de cambiar leyes que son propias del Poder Legislativo.
Así las cosas, el planteo de inconstitucionalidad requiere robustecer los argumentos de determinados artículos. Uno de los puntos más polémicos incluidos en el escrito de la CGT es el artículo que reglamenta el derecho de huelga en sectores como el transporte, la salud y la educación.
Este artículo establece la obligación de garantizar servicios mínimos en caso de medidas de fuerza: 75% en servicios esenciales y 50% en actividades calificadas como trascendentales. Y fue uno de los puntos centrales sobre los cuales la justicia laboral fundamentó la invalidez constitucional del DNU 70.
De acuerdo a lo que indica la publicación del medio nacional, el equipo jurídico de la CGT buscaba evitar los juzgados laborales nacionales ante la percepción de un clima interno de incertidumbre en ese ámbito por la decisión libertaria de traspasar ese fuero al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos sindicalistas creen que ese trasfondo, junto al mayor caudal político y parlamentario con el que cuenta ahora Milei en comparación con 2023, puede incidir en la actitud de los magistrados.