La Justicia, a través del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, ordenó a Javier Milei ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución respondió al amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades académicas, que reclamaban la puesta en marcha de la normativa sancionada en septiembre. Los diputados cornejistas Pamela Verasay y Lisandro Nieri votaron en contra de la actualización de partidas para la UNCuyo y demás universidades, pero el apoyo de los aliados de Mendoza no alcanzó, y el capítulo se cayó.
En su dictamen, Cormick calificó como “arbitraria y contraria a la Constitución” la decisión del Ejecutivo de emitir el decreto 759/2025, mediante el cual se había comunicado la no aplicación de la ley. El magistrado fue contundente: la insistencia del Congreso es legítima y no admite variantes suspensivas.
Plata para las universidades
La ley obliga al Ejecutivo a actualizar los fondos destinados a las universidades públicas desde el 1º de enero de 2025, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, establece ajustes bimestrales durante todo el año y garantiza la recomposición salarial del personal docente y no docente en un porcentaje no inferior al IPC acumulado.
Para el juez, el deterioro salarial impacta directamente en el derecho a enseñar y aprender, por lo que el ahorro fiscal que buscaba el Ejecutivo —estimado en apenas 0,23 % del PBI— no justifica la suspensión de la norma.
El veto presidencial y la insistencia del Congreso
La Ley de Financiamiento Universitario había sido vetada por el presidente Javier Milei el 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, el Congreso insistió con fuerza: 174 votos afirmativos en Diputados y 58 en el Senado terminaron por rechazar el veto presidencial.
La insistencia parlamentaria consolidó la vigencia de la norma y dejó al Ejecutivo en una posición incómoda, que intentó revertir incorporando la derogación en el Capítulo XI del Presupuesto 2026, junto con la Emergencia en Discapacidad.
La derrota en Diputados
La votación nominal en la Cámara de Diputados terminó con 123 votos en contra, 117 a favor, 2 abstenciones y 13 ausentes. El oficialismo quedó sin la herramienta que buscaba blindar y sufrió un duro revés político.
En Mendoza, los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri, cercanos al gobernador Alfredo Cornejo, acompañaron al oficialismo en su intento de derogación. También lo hicieron Luis Petri, Álvaro Martínez, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Julieta Metral Asencio. En cambio, Emir Félix y Lourdes Arrieta se pronunciaron en contra, mientras que Martín Aveiro figuró como ausente.
La Casa Rosada había confiado en que los gobernadores se alinearían tras recibir una generosa distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Pero la estrategia se quebró: el radical Diógenes González, cercano a Gustavo Valdés, y la neuquina Karina Maureira, del espacio de Rolando Figueroa, se plegaron a la oposición. A su vez, el chaqueño Osvaldo Cipolini y el entrerriano Darío Schneider optaron por abstenerse, dejando al oficialismo sin margen de maniobra.
Un símbolo de resistencia
El rechazo parlamentario, sumado al fallo judicial, consolidó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y debilitó la estrategia del Ejecutivo. Para las universidades públicas, la decisión representa un alivio y una reivindicación de su autonomía frente a los intentos de recorte.
