Los proyectos de Avalúo e Impositiva, que fijan el peso de los impuestos provinciales en 2026, serán tratados ahora en el Senado de la Provincia.
Diputados aprobó los impuestos de Cornejo.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaLa Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a los proyectos de Avalúo e Impositiva (los impuestos) correspondientes al ejercicio 2026. Con 35 votos afirmativos y 10 negativos para Avalúo, y 36 a favor y 8 en contra para Impositiva, el oficialismo consiguió avanzar en su estrategia de reducción de la presión impositiva y modernización del sistema tributario.
La oposición al gobierno de Alfredo Cornejo, en cambio, advirtió sobre los efectos que las nuevas fórmulas tendrán en la economía familiar y en los sectores rurales.
Según la fundamentación oficial, las iniciativas buscan consolidar un esquema de alivio fiscal, garantizar recursos para sostener los servicios esenciales y dar continuidad a una política de orden en las cuentas públicas. El Gobierno provincial destacó que lleva diez ejercicios consecutivos aplicando medidas de alivio tributario, con reducciones progresivas en Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y adecuaciones en tributos patrimoniales.
La Ley de Avalúo establece la metodología y parámetros para la determinación del Avalúo Fiscal de los inmuebles en la provincia. Entre las principales novedades se incluye la revisión de la clasificación de uso del suelo, la aplicación de un proceso de rezonificación de parcelas y la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la valuación masiva.
El sistema se apoya en los Mapas de Valores Generales elaborados por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de Mendoza (OMIM), que permiten calcular el valor unitario de tierra (VUT) en inmuebles urbanos y de interfaz, así como el valor único total (VUI) en zonas rurales. El objetivo es acercar las valuaciones a precios de mercado, mejorar la equidad tributaria y fortalecer el rol del Impuesto Inmobiliario como tributo menos distorsivo.
El proyecto de Ley Impositiva 2026 ratifica la continuidad de un plan plurianual de reducción de alícuotas.
En Ingresos Brutos, se prevén bajas en actividades vinculadas a agricultura, minería, industria, gastronomía y hotelería, con reducciones que oscilan entre el 6% y el 29%.
En el Impuesto de Sellos, la alícuota general descenderá al 1% en 2026, con la meta de llegar al 0% en 2030. También se contempla una disminución gradual en operaciones especiales como inscripción de vehículos, transferencia de inmuebles y maquinaria agrícola.
En el Impuesto Automotor, se actualizan los rangos por inflación y se crea un Pago Único Liberatorio para vehículos antiguos, que permitirá cancelar definitivamente el tributo. Se mantienen beneficios para híbridos y eléctricos con una reducción del 50%.
En el Impuesto Inmobiliario, se aplican modelos de valuación masiva basados en IA, incorporando inmuebles rurales y de interfaz.
En las Tasas Retributivas, se eliminan tributos obsoletos para simplificar el sistema.
Se ratifican los beneficios para contribuyentes cumplidores, con descuentos de hasta el 10% para quienes estén al día.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jorge López (UCR), defendió las iniciativas como instrumentos para incentivar la inversión y el empleo. Subrayó la adaptación a la Ley de Transformación Digital en Salud, que otorga beneficios impositivos a los efectores privados que se sumen a la articulación del sistema sanitario. También destacó la reducción de alícuotas en servicios conexos y las correcciones en Avalúo “para evitar inequidades”.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. José Luis Ramón (CyC) sostuvo que “la baja de impuestos no puede ser para todos por igual, porque los únicos beneficiados son quienes nunca pagan”. Señaló además que las medidas no contemplan el impacto en la canasta básica familiar, con aumentos en alquileres, salud, alimentación y servicios públicos.
Por su parte, Jimena Cogo (PRO) acompañó en general pero rechazó artículos vinculados al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos y a la exención en Parques Industriales, reclamando la inclusión del departamento de Malargüe.
En tanto, Emanuel Fugazzotto (PV) cuestionó el nuevo cálculo de Avalúo por su impacto en el sector rural y productivo, y criticó el uso de valores de ACARA para el Automotor, al considerar que “no contempla todos los vehículos registrados”. Por ello votó en contra de Avalúo y en general a favor de Impositiva, aunque con objeciones puntuales.