-Federales, gendarmes, prefectos, aeroportuarios y penitenciarios se unieron.
-La protesta es por los salarios de pobreza. Nunca pasó en seguridad.
Las fuerzas de seguridad están en modo protesta por los salarios bajos.
En un hecho sin precedentes en la historia democrática argentina, todas fuerzas de seguridad que dependen del Ejecutivo Nacional han coordinado una acción conjunta para visibilizar una crisis que consideran insostenible. El 2 de abril, el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, se convertirá en el epicentro de una movilización que pondrá a prueba al presidente Javier Milei.
La convocatoria, que comenzó a gestarse de manera silenciosa en grupos de mensajería y redes sociales bajo el lema de un "abrazo solidario", agrupa a efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. El motivo central es el profundo deterioro de los ingresos de los uniformados, cuyos salarios en las jerarquías bajas han quedado, según denuncian sus familiares, por debajo de la línea de pobreza establecida por el INDEC.
A diferencia de otros conflictos sectoriales, esta protesta presenta una particularidad logística: está siendo impulsada principalmente por familiares y retirados. Este mecanismo busca proteger a los agentes en actividad de posibles sanciones disciplinarias o traslados punitivos, una herramienta habitual para sofocar cualquier atisbo de sindicalización, prohibida por ley para el personal armado.
"Nuestros maridos e hijos no llegan a fin de mes. Un gendarme recién iniciado está cobrando una miseria frente a una inflación que no da tregua", señaló una de las organizadoras de la movilización. El malestar se ha visto potenciado por las recientes políticas de ajuste ejecutadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la falta de respuestas contundentes por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El conflicto actual pone el foco de atención sobre la figura de Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad y mano derecha de Bullrich. En los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso, el nombre de Monteoliva despierta recelos debido a su antecedente como ministra de Seguridad en Córdoba durante el acuartelamiento policial de 2013. Aquel episodio derivó en saqueos y una crisis institucional que aún resuena en la memoria política del país.
Fuentes cercanas a la cartera de Seguridad admiten que la situación es "delicada". Aunque se intentó desactivar el reclamo con un reciente anuncio de aumento del 5%, la medida fue calificada de "burla" por las bases, quienes exigen una recomposición que contemple el costo de la canasta básica. A esto se suma la crisis en la obra social IOSFA, que ha dejado a miles de efectivos y sus familias con prestaciones médicas deficientes en un momento de vulnerabilidad económica.
La unidad de las cinco fuerzas es un dato que inquieta al Gobierno. Históricamente, las fuerzas federales han mantenido rivalidades y estructuras de mando estancas, pero la degradación del poder adquisitivo parece haber operado como un amalgama inesperado. El escenario elegido para la protesta, en el barrio porteño de Retiro, refuerza el carácter simbólico: manifestarse frente a la sede de la fuerza más numerosa del país.
Mientras el Gobierno evalúa si aplicar el "protocolo antipiquetes" contra sus propios hombres o ceder ante la presión presupuestaria, el clima en las delegaciones de todo el país es de espera expectante. Los operativos en zonas calientes como Rosario, donde las fuerzas federales han sido desplegadas para combatir el narcotráfico, podrían verse afectados si el malestar escala hacia medidas de fuerza más directas.