Las Malvinas: Milei profundiza el conflicto con Reino Unido

El Gobierno argentino intimó formalmente este lunes 28 de septiembre al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, frene las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La medida abre una nueva instancia en el conflicto por las Islas Malvinas. En paralelo, el Ejecutivo anunció que inició el procedimiento de arbitraje previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para cuestionar la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona.

¿Qué puede pasar si Reino Unido no frena el proyecto?

El plazo fijado por Argentina es de dos semanas. Si no hay una respuesta satisfactoria, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que Argentina reclama sobre su plataforma continental.

El TIDM tiene mecanismos para dictar este tipo de medidas mientras se resuelve una disputa internacional. En los casos vinculados con el arbitraje previsto por la Convención del Mar, el tribunal puede intervenir de manera provisional si se cumplen determinadas condiciones y existe una situación de urgencia.

Esto no significa que el tribunal vaya a ordenar automáticamente la suspensión del proyecto. La decisión depende de que considere que tiene jurisdicción inicial y que las medidas solicitadas son necesarias para proteger los derechos de las partes o evitar un daño grave al medio marino.

Ya existe un antecedente por petróleo

Argentina tiene un antecedente que sirve para entender qué tipo de medidas puede tomar el tribunal.

En 2015, Costa de Marfil pidió medidas provisionales contra Ghana en una disputa por los límites marítimos entre ambos países. Entre sus pedidos estaba la suspensión de las actividades de exploración y explotación petrolera en el área discutida.

El caso es relevante porque muestra que el TIDM puede intervenir de manera provisoria mientras continúa la discusión principal. Sin embargo, el resultado de una causa no determina automáticamente qué ocurriría en otro conflicto, ya que cada caso debe ser analizado según sus propios hechos y fundamentos jurídicos.

¿Cuál es el argumento de Argentina?

El Gobierno sostiene que las actividades británicas avanzan de manera unilateral mientras continúa abierta la disputa por la soberanía de las islas.

Para fundamentar su posición, la Casa Rosada menciona la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a ambos países a buscar una solución mediante negociaciones.

También invoca la Resolución 31/49, que insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúa el proceso recomendado por la Asamblea General.

Tras anunciar la medida, Milei publicó el mensaje: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras”. El Gobierno también calificó el avance sobre los hidrocarburos como ilegítimo.

El otro conflicto: los vuelos a Punta Arenas

El Gobierno también informó que detectó operaciones de Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, mediante una aeronave con matrícula británica que, según la denuncia oficial, no contaba con autorización de las autoridades argentinas.

A raíz de esa situación, Milei ordenó iniciar procedimientos administrativos, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

La posición de Reino Unido

El Reino Unido todavía no emitió una respuesta pública al ultimátum anunciado este 28 de septiembre.

Sin embargo, ya había fijado una posición frente al reclamo argentino. El 23 de septiembre, la representación británica ante Naciones Unidas afirmó que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas y defendió el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro político y desarrollar su economía.

En ese contexto, el proyecto Sea Lion quedó en el centro de una nueva disputa que ahora suma un procedimiento de arbitraje internacional y la posibilidad de que Argentina solicite medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar