-El oficialismo busca reformar la Ley de Glaciares para destrabar proyectos mineros.
En Mendoza, la tensión crece ante el posible impacto en cuencas hídricas.
El gobierno apura la modificación de la protección a los glaciares en Diputados.
La Libertad Avanza ha acelerado las gestiones en el Congreso de la Nación para avanzar con la reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Entorno Periglacial. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo exhibe un marcado optimismo para lograr el dictamen de comisión y llevar el proyecto al recinto en 48 horas.
Se trata de un movimiento que ha encendido las alarmas en los sectores ambientalistas y la oposición dialoguista. El corazón de la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo, bajo la conducción del presidente Javier Milei, apunta a modificar los artículos que definen las áreas protegidas.
El objetivo técnico es redefinir qué se considera "entorno periglacial", limitando la protección a aquellos cuerpos de hielo que cumplan con funciones hídricas probadas y registradas en el Inventario Nacional de Glaciares. Esta modificación no es menor: en la práctica, abriría la puerta a la exploración y explotación minera en zonas que hoy se encuentran bajo un blindaje legal absoluto.
En el caso particular de Mendoza, la reforma genera una sensibilidad extrema debido a la crisis hídrica estructural que atraviesa la provincia. Para el territorio mendocino, los glaciares y el entorno periglacial no son solo accidentes geográficos, sino las "torres de agua" que alimentan los ríos Mendoza, Tunuyán y Atuel, esenciales para el consumo humano y la industria vitivinícola. Una modificación que permita la actividad minera en zonas de nacientes de cuencas podría, según expertos locales, comprometer la calidad y el caudal de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático donde la nieve es cada vez más escasa.
En el Congreso, la posición de los diputados nacionales por Mendoza refleja la fractura del arco político local. Mientras que los representantes de La Libertad Avanza defienden la iniciativa bajo la premisa de reactivar inversiones y respetar el federalismo minero, desde la Unión Cívica Radical se mantienen posturas cautelosas; legisladores como Pamela Verasay han manifestado históricamente la necesidad de proteger el recurso hídrico, balanceando el desarrollo con la sostenibilidad.
No obstante, en este caso, Verasay, conducida por Cornejo sin contradicciones, junto a los libertarios, entre los que se cuentan Luis Petri, Facundo Correa Llano y Álvaro Marrtínez, y la demócrata, Mercedes Llano, le darán sus votos al proyecto que libera la minería en zonas que estaban prohibidas y deja a criterio provincial dónde se puede explotar y dónde no. En esa posición hay siete de los diez representantes mendocinos en la Cámara Baja. Los tres restantes, dos peronistas -Emir Félix y Martín Aveiro, y la ex mileísta Lourdes Arrieta, perfilan sus votos en contra de la Ley que flexibiliza la minería en el entorno de los glaciares.
Para la administración libertaria, la actual redacción de la ley —sancionada originalmente en 2010 tras una histórica disputa política— representa una "barrera de entrada" para inversiones multimillonarias. En el Palacio Legislativo, los operadores del Gobierno argumentan que la reforma es el complemento necesario para el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Según la visión oficial, existen proyectos mineros, principalmente en las provincias de San Juan, Catamarca y Salta, que se encuentran paralizados por la ambigüedad en la demarcación de las zonas de exclusión.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Minería han sido claros en sus contactos con los gobernadores: la Argentina necesita divisas y la minería de cobre y litio es la llave para la estabilidad macroeconómica a largo plazo. Sin embargo, para que los capitales extranjeros desembarquen, exigen "seguridad jurídica", un eufemismo que en este contexto se traduce en la flexibilización de las restricciones ambientales vigentes.
A pesar del optimismo que emana desde la Casa Rosada, el camino no está exento de obstáculos. La oposición, liderada en este debate por bloques como Unión por la Patria y sectores de la Unión Cívica Radical, sostiene que modificar la ley es un retroceso institucional peligroso. "Están poniendo en riesgo las reservas de agua dulce de las futuras generaciones por una necesidad fiscal inmediata", señaló un diputado del bloque peronista.
Incluso dentro de los denominados "aliados", como el bloque Hacemos Coalición Federal, existen fisuras. Algunos legisladores cordobeses y santafesinos temen que una flexibilización extrema genere un precedente que luego afecte a otras leyes de presupuestos mínimos, como la Ley de Bosques.
Fuera del ámbito estrictamente político, la presión social comienza a escalar. Organizaciones como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y diversas asambleas ciudadanas de las provincias cordilleranas han convocado a movilizaciones frente al Congreso. Los científicos del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), organismo encargado de auditar los hielos continentales, también han manifestado su preocupación por la posible pérdida de autonomía técnica si la reforma prospera.
Las próximas 48 horas serán determinantes para el futuro del ecosistema andino. El oficialismo confía en que el apoyo de los gobernadores mineros traccionará los votos necesarios para alcanzar la mayoría. Si La Libertad Avanza logra imponer su agenda, se consumará uno de los cambios de paradigma más profundos desde el retorno de la democracia: la subordinación de la preservación ambiental al esquema de desarrollo extractivo acelerado.
La moneda está en el aire y el clima en las comisiones de Minería y Recursos Naturales promete una temperatura elevada, en contraste con el frío de los hielos que hoy son objeto de una puja política sin precedentes.