En el marco de una auditoría sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional reveló una estafa escalofriante: existen casi 180.000 fallecidos que aún figuran con el Certificado de Discapacidad (CUD) activo. Esto permitía que prestadores y particulares continuaran percibiendo asistencias de forma ilegal.

El cruce de datos que desnudó el fraude

La investigación, encabezada por el interventor Alejandro Vilches, se basó en un exhaustivo cotejo entre las bases de la ANDIS y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El resultado fue contundente: 178.000 certificados correspondían a personas ya fallecidas, lo que representa una sangría millonaria para las arcas públicas.

El Gobierno calificó la situación como una "estafa lisa y llana al Estado". La sospecha principal recae sobre ciertos prestadores de servicios de salud que habrían seguido facturando prestaciones utilizando las identidades de estos "beneficiarios fantasmas".

Judicialización y bajas masivas

Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno ya tomó las primeras medidas:

• Baja inmediata: Se ordenó la anulación de los certificados observados.
• Denuncia penal: Se analiza judicializar tanto a los particulares que hacían uso del CUD como a los prestadores involucrados en las maniobras.
• Ampliación de la auditoría: La revisión de contratos y compras de medicamentos de alta complejidad continuará hasta el primer trimestre de 2026.

Crisis institucional y futuro del área

Este escándalo estalla tras la polémica salida del anterior titular, Diego Spagnuolo, y en medio de un fuerte debate legislativo por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Aunque el oficialismo evaluó quitarle la autonomía a la ANDIS para que dependiera directamente del Ministerio de Salud, por ahora se mantiene como un ente intervenido bajo la lupa directa de la Casa Rosada.