Mendoza es una de las provincias con mayor caída de recursos nacionales por el desplome del IVA y Ganancias. Impacta de manera directa en los trabajadores.
Mendoza mantiene conflictos abiertos en salud por el ajuste en los salarios.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa caída de la recaudación nacional y provincial está generando un escenario de conflictividad laboral sin precedentes en el sector público. En el panorama nacional de la caída de la coparticipación por el derrumbe del IVA y Ganancias, Mendoza aparece como una de las jurisdicciones más afectadas en el mapeo nacional, tanto por la merma de recursos coparticipables como por la persistencia de reclamos en áreas sensibles como educación y salud, afectados de manera directa por el ajuste.
Desde inicios del 2026 se registraron al menos 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 80,4% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 19,6% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria. Mendoza es una de las provincias con conflictos activos.
En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional anunció el envío por decreto un régimen de adelantos de fondos coparticipables para 12 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), con un tope de $400.000 millones, sujeto a devolución a lo largo del año con una tasa del 15%.
En el primer trimestre de 2026 los Recursos de Origen Nacional (RON) sufrieron una caída interanual del 6,1%, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) retrocedió un 8,0%. Se trata del tercer mes consecutivo de bajas, con un marzo especialmente crítico: la coparticipación se redujo un 7% en términos reales.
La situación se agrava al observar los recursos propios provinciales (ROP), que desde el inicio de la gestión de Javier Milei muestran un retroceso promedio del 7,3% en comparación con la etapa anterior. En enero de este año, último dato disponible, la caída fue del 3,5% interanual.
En este escenario, los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) aparecen como un paliativo insuficiente. En 2025 no representaron más del 2% de los ingresos provinciales, y en el primer trimestre de 2026 apenas algunas jurisdicciones recibieron montos significativos, entre ellas Corrientes, Misiones y Salta. Mendoza, por su parte, obtuvo unos 7.000 millones de pesos, cifra que no alcanza para compensar la pérdida de recaudación.
Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Mendoza registró en marzo una baja del 5,6% en los Recursos de Origen Nacional, ubicándose entre las provincias más golpeadas junto a Córdoba y La Rioja. Esta merma se traduce en tensiones presupuestarias que afectan directamente a los sectores donde se concentra el gasto: educación, salud y seguridad social.
En materia de conflictividad laboral, la provincia presenta conflictos en educación, empleo público y salud. Si bien se alcanzaron acuerdos con varios gremios docentes y judiciales, persiste la tensión en el sector de enfermería y otros sectores de la salud que mantienen reclamos abiertos por el ajuste salarial. Los trabajadores denuncian que los aumentos otorgados no logran cubrir el incremento del costo de vida y que la pérdida del poder adquisitivo se profundiza mes a mes.
La situación en educación también es delicada. Aunque se llegó a un acuerdo con el SUTE, los docentes advierten que muchos salarios siguen por debajo de la canasta básica y que los incrementos no acompañan la inflación. En el empleo público, los reclamos se centran en la necesidad de pases a planta permanente y en la recomposición salarial frente a la caída de ingresos reales.
El informe recuerda que entre el 70% y el 80% del gasto provincial se destina a servicios sociales: jubilaciones, salarios docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad. En Mendoza, al igual que en otras provincias, esta estructura deja poco margen para la obra pública y otros rubros. La caída de la recaudación nacional y provincial impacta de lleno en estas áreas, generando ajustes que se traducen en conflictos gremiales.
La combinación de menor recaudación y mayor presión inflacionaria configura un escenario de difícil resolución. Los acuerdos alcanzados en algunos sectores apenas logran postergar los reclamos, que tienden a reabrirse en el corto plazo. El CEPA advierte que el 80,4% de los conflictos relevados en todo el país siguen activos, y que los pocos que se resolvieron podrían volver a estallar en las próximas negociaciones paritarias.
Frente a este panorama, el Gobierno nacional anunció que oficializará por decreto un régimen de adelantos de fondos coparticipables para 12 provincias, entre ellas Mendoza. El esquema prevé un tope de 400.000 millones de pesos, sujeto a devolución durante el año con una tasa del 15%.
Lejos de representar una solución estructural, estos adelantos implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. “La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias”, advierte el informe. En otras palabras, el auxilio financiero llega con condiciones que comprometen la autonomía fiscal y dejan a las jurisdicciones en una posición de mayor dependencia.
La caída del consumo redujo la recaudación nacional y provincial; esto tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en áreas sensibles como salud y educación; los conflictos se multiplicaron; y la respuesta nacional, lejos de revertir la situación, compromete ingresos futuros.
En Mendoza, este círculo vicioso se refleja en la persistencia de reclamos en hospitales y escuelas, en la presión de los gremios estatales y en la dificultad del gobierno provincial para sostener el gasto social con recursos menguantes. La provincia se encuentra así en el centro de una crisis que combina factores nacionales y locales, y que amenaza con profundizarse si no se encuentran soluciones de fondo.