Mendoza busca actualizar las reglas con las que administra sus recursos hidrocarburíferos. La Cámara de Diputados dio media sanción a una nueva Ley de Hidrocarburos que reemplazará el régimen vigente desde 2006 y apunta a adaptar la normativa a los cambios de la industria, con especial atención a los yacimientos maduros y al desarrollo de Vaca Muerta en el sur provincial.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo 39 votos afirmativos y cuatro negativos. Ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado para convertirse en ley.
La reforma plantea un cambio que va más allá de una actualización normativa: busca establecer nuevas condiciones para negociar con las empresas, atraer capital privado y aumentar la producción, en una actividad que representa una fuente de ingresos fiscales y empleo.
Uno de los puntos centrales es el esquema de regalías, es decir, la participación económica que recibe la provincia por la producción de hidrocarburos.
La legislación actual establece una regalía general del 12%, con la posibilidad de reducirla hasta el 5% según las características de cada proyecto. La reforma propone tomar un 15% como referencia para futuras licitaciones, aunque las empresas podrán ofertar porcentajes diferentes.
La adjudicación también tendrá en cuenta las inversiones comprometidas y la producción prevista, con un peso importante para el monto de inversión. La intención es adaptar las condiciones a cada yacimiento, ya que no presenta las mismas posibilidades un área con potencial de crecimiento que un campo maduro, donde extraer petróleo puede resultar más costoso.
El desafío será encontrar un equilibrio entre mejorar los ingresos provinciales y ofrecer condiciones que permitan sostener la actividad. El porcentaje de regalías, por sí solo, no garantiza una mayor recaudación: también influyen el volumen producido, los precios y las inversiones.
Mendoza tiene una parte importante de su actividad concentrada en yacimientos convencionales maduros, donde el objetivo es frenar la caída de la producción y recuperar pozos que dejaron de operar.
Para esos casos, el proyecto habilita reducciones de regalías vinculadas con la reactivación de pozos, la exploración complementaria y las técnicas de recuperación mejorada. Bajo determinadas condiciones, los porcentajes podrían quedar por debajo del 5%.
La apuesta es que los incentivos impulsen nuevas inversiones y permitan extender la vida útil de los yacimientos. Sin embargo, el resultado dependerá de que las medidas se traduzcan efectivamente en más producción y continuidad de la actividad.
La iniciativa incorpora expresamente las concesiones de explotación no convencional y busca establecer un marco para desarrollar la porción mendocina de Vaca Muerta, especialmente en la zona de Malargüe.
Estos proyectos requieren inversiones importantes y plazos prolongados, por lo que el nuevo régimen apunta a brindar previsibilidad a las empresas y promover la participación de trabajadores y proveedores locales.
Al mismo tiempo, la propuesta establece obligaciones ambientales durante todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta el cierre de pozos e instalaciones. Las operadoras deberán prevenir y mitigar impactos, realizar monitoreos y responder por las tareas de saneamiento que correspondan.
También se actualiza el régimen de sanciones por incumplimientos y se contempla una tasa para financiar tareas de inspección y fiscalización.
La reforma también aborda la convivencia entre proyectos mineros e hidrocarburíferos, una cuestión relevante ante la posibilidad de que ambas actividades coincidan en un mismo territorio.
La propuesta busca establecer mecanismos para compatibilizar las operaciones y resolver los casos en los que existan incompatibilidades técnicas, ambientales o de seguridad.