Mendoza puso en marcha una nueva herramienta para facilitar la renegociación de deudas de familias y empresas que atraviesan dificultades para cumplir con sus pagos. La medida apunta a generar nuevas condiciones para quienes tienen créditos pendientes y también contempla a personas que están al día, pero necesitan modificar sus compromisos para reducir la carga financiera.
Se trata de la Ley 9730 de Alivio Financiero para las Familias y Empresas Mendocinas, que fue sancionada por la Legislatura el 15 de septiembre y quedó formalmente vigente este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial. La norma establece beneficios impositivos para las entidades acreedoras que acepten modificar las condiciones de créditos existentes.
La idea central es incentivar acuerdos que permitan extender los plazos, modificar las cuotas, reducir la carga financiera o cambiar otras condiciones de los contratos. Es decir, el mecanismo no elimina las deudas ni implica que la Provincia se haga cargo de ellas, sino que busca generar mejores condiciones para que acreedores y deudores puedan llegar a nuevos acuerdos.
Uno de los principales beneficios previstos es la exención del Impuesto de Sellos para las operaciones de refinanciación que cumplan con los requisitos establecidos. Además, las entidades podrán acceder a una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 5% cuando las refinanciaciones contemplen una Tasa Nominal Anual de hasta el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.
El régimen alcanza tanto a personas humanas como jurídicas que tengan deudas susceptibles de ser refinanciadas. Incluso pueden quedar comprendidos aquellos que actualmente se encuentran al día con sus obligaciones, pero necesitan cambiar las condiciones de sus créditos para disminuir el peso de las cuotas.
La norma considera refinanciación a la modificación de las condiciones de pago de una deuda existente, lo que incluye cambios en los plazos, las cuotas, las tasas de interés, las garantías u otras cláusulas contractuales. También contempla operaciones destinadas a cancelar una deuda existente con otra entidad.
En cambio, quedan afuera del régimen las operaciones vinculadas con la cesión, venta, securitización o transferencia de carteras de deudores a terceros, ya que el objetivo está puesto específicamente en modificar las condiciones de pago y no en transferir los créditos.
El diagnóstico que acompañó el proyecto permite dimensionar el problema que busca atender la medida. Sobre un universo cercano a 870.000 créditos en Mendoza, unos 271.000 se encontraban en mora, con una deuda promedio estimada en alrededor de $1,1 millones para las familias y $2,8 millones para las empresas.
La Administración Tributaria Mendoza (ATM) será la encargada de controlar las operaciones que accedan a los beneficios. Las entidades deberán presentar declaraciones juradas mensuales con el detalle de las refinanciaciones realizadas y el organismo podrá solicitar información adicional y cruzar los datos con la Central de Deudores del Banco Central.
En caso de detectar información falsa, las entidades podrán recibir las sanciones previstas en el Código Fiscal y deberán afrontar los impuestos que hayan sido omitidos, además de intereses, accesorios y multas.
El régimen estará vigente inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Poder Ejecutivo podrá extenderlo por un período adicional de hasta seis meses.