- El ministro Vargas Arizu informó que Mendoza formalizó ese reclamo ante el gobierno de Milei.
- Hizo declaraciones a la prensa tras la visita de Santilli.
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEl ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, planteó ante el gobierno nacional la necesidad de otorgar impuestos cero a los productos agrícolas dulces sin azúcar agregada, argumentando que esto potenciaría la producción local de jugos naturales, mostos concentrados y otros derivados que se elaboran en la región.
El funcionario confirmó que Mendoza ya formalizó el reclamo de reformulación fiscal que enfrenta directamente los intereses de las provincias productoras de azúcar, particularmente Tucumán.
El reclamo de Mendoza forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento provincial frente a tendencias sanitarias globales. Según Vargas Arizu, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas restrictivas sobre el consumo de azúcar agregada, lo que representa una oportunidad para las regiones productoras de bebidas naturales. "El gobierno de Estados Unidos pateó un poco el tablero con el tema sanitario del consumo de azúcar agregado, y eso nos beneficia a nosotros, los que hacemos productos naturales", expresó el funcionario, refiriéndose a la producción de mostos, jugos de uva y jugos de manzana que caracterizan a la agroindustria mendocina.
La posición del ministro se sustenta en la premisa de que endulzar con mosto concentrado o mediante procesos que utilizan azúcares naturales representa una alternativa más saludable al azúcar refinada. Este argumento resuena con orientaciones alimentarias adoptadas por organismos internacionales de salud, que recomiendan reducir el consumo de azúcares añadidos. Sin embargo, la demanda de impuestos cero genera fricción con la estructura tributaria actual, que según Vargas Arizu, favorece desproporcionadamente a la sacarosa y a los derivados del maíz.
"La ley de edulcoración es una ley muy vieja que le da preferencia a la sacarosa y a la melaza de maíz, pagando impuestos menores a los que pagamos nosotros", aseguró el ministro. Esta crítica señala una inequidad en el sistema actual, donde los productores de bebidas con azúcares naturales enfrentarían cargas tributarias superiores a las de competidores que utilizan endulzantes de menor costo. Mendoza propone reformular este esquema a través de una carga fiscal nula para productos dulces sin azúcar agregada, que incentive la producción regional de bebidas de mayor valor agregado.
La iniciativa de Mendoza representa un desafío directo a provincias como Tucumán, que dependen económicamente de la industria azucarera tradicional. Una rebaja tributaria para productos dulces naturales alteraría el equilibrio competitivo regional e impactaría negativamente en los ingresos fiscales de provincias productoras de caña de azúcar y derivados convencionales.
Este conflicto refleja tensiones más amplias en la economía de Argentina, donde distintas regiones compiten por apoyo estatal y acceso a mercados internacionales.
El ministro mendocino también vinculó la demanda tributaria con aspectos de infraestructura y diversificación productiva. Enfatizó la importancia de mejoras en la Ruta 40 y en las conexiones viales entre General Alvear y Malargüe, corredores fundamentales para exportaciones hacia Chile. Además, mencionó iniciativas complementarias como desarrollo de semillas híbridas de exportación, que representan otra línea de diversificación agrícola.
Vargas Arizu subrayó que la reforma tributaria propuesta requeriría asignación de recursos adicionales para consolidar la transformación agrícola en ciertos sectores, una inversión que podría competir con otras prioridades presupuestarias. En este contexto, destacó que si bien la reforma tributaria es relevante, otras medidas como la reforma laboral ocupan lugar prioritario en la agenda gubernamental.
La propuesta de Mendoza se presenta así como parte de una discusión más compleja sobre redistribución de recursos y especialización productiva regional. Su resolución dependerá del balance que el gobierno nacional establezca entre demandas territoriales enfrentadas y objetivos de política económica nacional.