- Un diputado del Partido Verde recordó antecedentes de daño ambiental por parte de Solway.
- El oficialismo y sus aliados descreen de la seriedad de las críticas.
Se debatió fuerte la minería en la Legislatura.
Foto: Gobierno de MendozaUna de las críticas más ácidas para los impulsores de la minería presentes en la sesión que trataba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge apuntó a los antecedentes de comtaminación ambiental de la dueña de la empresa que proyecta extraer minerales metalíferos de la cordillera, en Uspallata.
El diputado Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, cuestionó el pasado del grupo empresario controlante de la minera San Jorge. Se trata de Solway Investment Group, cuya gestión está detrás de la habilitación para entrar a operar al yacimiento metalífero cordillerano.
La compañía, con sede en Suiza y antecedentes de operaciones en Guatemala, despierta interrogantes sobre su verdadera capacidad de cumplir con estándares ambientales y sociales en un territorio marcado por la resistencia ciudadana, remarcó el legislador verde.
El proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, busca explotar cobre y oro en un yacimiento que ya fue objeto de intensas movilizaciones sociales en 2007 y 2011. En aquel entonces, la presión de vecinos, organizaciones ambientales y sectores académicos logró frenar la iniciativa, argumentando que la explotación a cielo abierto ponía en riesgo las aguas superficiales y subterráneas de las que depende más del 60% de la población mendocina. Hoy, un nuevo intento de reactivación está encaminado hacia la aprobación, aunque el trámite no está al margen de polémicas, entre las que tienen fuerte peso los antecedentes de Solway.
El Grupo Solway se presenta como motor de inversión y desarrollo. Sin embargo, remarcó Fugazzotto, sus antecedentes en Guatemala generan desconfianza. Investigaciones periodísticas internacionales revelaron que Solway, a través de sus filiales Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y PRONICO, fue responsable de la contaminación del Lago Izabal, el más grande del país centroamericano. Documentos internos filtrados demostraron que la compañía sabía que estaba vertiendo desechos contaminantes en el lago, afectando directamente a comunidades indígenas Q’eqchi’ que dependen de ese recurso para la pesca y el consumo de agua.
Las denuncias difundidas no se limitaron al daño ambiental. Se acusó a Solway de ocultar información oficial, sobornar pobladores locales y amenazar periodistas que investigaban los impactos de la mina. La represión de protestas en El Estor, con participación de fuerzas de seguridad, dejó un saldo de violencia y vulneración de derechos humanos.
En la provincia, el contexto es particularmente sensible. La Ley 7722, sancionada en 2007, prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro y ácido sulfúrico en la minería, y se ha convertido en bandera de las asambleas ciudadanas. El intento de modificarla en 2019 desató una de las movilizaciones más masivas de la historia reciente, obligando al gobierno provincial a dar marcha atrás.
En Diputados, el proyecto contó con apoyo del oficialismo y sus aliados defendieron con fuerza el hecho de que la minería puede convivir con el ambiente si se aplican tecnologías modernas y controles estrictos. Señalaron que la inversión generará empleo y dinamizará la economía de Uspallata y zonas aledañas.
El debate no es solo técnico, sino político y cultural. La tensión entre inversión y ambiente, entre promesa de progreso y memoria de conflictos, marca el tono de la discusión. El Solway Investment Group intenta presentarse como actor confiable, pero sus antecedentes en Guatemala lo persiguen. En Mendoza, donde el agua es considerada un bien común y no negociable, el fantasma de Izabal se convierte en argumento central para quienes sostienen que la minería metalífera no tiene lugar en la provincia.