-Los diputados nacionales de Mendoza levantaron mayoritariamente la manos por el proyecto oficial.
-Contra la imputabilidad de menores votaron los 2 peronistas.
Ley de baja de edad de imputabilidad.
Mendoza volvió a ser protagonista en el tablero político nacional durante la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que le dio medio sanción a la baja de la edad de imputabilidad. Ocho de los diez diputados por Mendoza votaron a favor del proyecto.
Con una votación que culminó en 149 votos afirmativos frente a 100 negativos, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una de las promesas de campaña más insistentes del sector que encabeza el Ejecutivo.
De los diez mendocinos, ocho dieron su apoyo irrestricto a la creación del nuevo Régimen Penal Juvenil, mientras que los dos representantes del peronismo local se abroquelaron en el rechazo.
La jornada estuvo marcada por una atmósfera de tensión y discursos cargados de datos sobre inseguridad. En las filas de La Libertad Avanza (LLA), el respaldo fue unánime. Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asensio levantaron la mano sin fisuras, argumentando que la normativa vigente resultaba "anacrónica" frente a la realidad de los delitos cometidos por menores en los grandes centros urbanos del país.
Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en Luis Petri. El exministro de Defensa, quien retomó su banca tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, fue uno de los oradores más vehementes. Petri, histórico impulsor de leyes de endurecimiento penal, defendió la baja de la edad de imputabilidad como una "herramienta de justicia para las víctimas y de orden para la sociedad".
Por el lado de la Unión Cívica Radical (UCR), el apoyo también fue sólido. Lisandro Nieri y Pamela Verasay acompañaron el proyecto, aunque con matices técnicos en el debate previo. Verasay, en su rol de presidenta del bloque radical, destacó que la iniciativa no solo se trata de penas, sino de un sistema de abordaje integral que el Congreso venía postergando durante años.
Completaron el arco oficialista y aliado la diputada Mercedes Llano, del Partido Demócrata, y Lourdes Arrieta, quien desde su monobloque Coherencia se mantuvo alineada con el núcleo duro de las reformas de seguridad del Gobierno Nacional.
En la vereda opuesta, el Fuerza Justicialista Mendoza y el bloque de Unión por la Patria mantuvieron una postura de rechazo absoluto, calificando la medida de "demagógica" y "punitivista".
Martín Aveiro fue uno de los que cuestionó el foco de la ley, señalando que el Estado debería priorizar la educación y la contención social antes que la construcción de centros de detención para menores. Por su parte, Emir Félix también votó de forma negativa. El exintendente de San Rafael argumentó que la baja de la edad de imputabilidad no tendrá un impacto real en la reducción del delito si no se atacan las causas estructurales de la pobreza en las provincias.
El proyecto, que ahora deberá ser ratificado por el Senado de la Nación, establece que los menores de entre 14 y 18 años serán sujetos de procesos penales, aunque bajo un régimen especial que contempla medidas de reinserción y establecimientos diferenciados de la población carcelaria adulta.
La sesión de este 12 de febrero deja un saldo político claro para Mendoza: una mayoría de sus representantes considera que el endurecimiento de las penas es la respuesta demandada por la ciudadanía, mientras que la minoría opositora advierte sobre los riesgos de criminalizar la adolescencia en contextos de vulnerabilidad.