Trabajadores de ATSA también desmintieron haber sido convocados por el Gobierno para discutir la aplicación del Ítem Cuidado.
ATSA también desmintió al ministro y negó haber sido convocado para discutir aspectos del Ítem Cuidado.
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Mendoza expresó su profunda preocupación ante la implementación del adicional del 50% por “Cuidado Directo y Permanente”, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados provincial y actualmente en tratamiento en el Senado.
Si bien el gremio reconoce el valor de jerarquizar las tareas de cuidado que se brindan a niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado, advierte que la medida excluye a trabajadores contratados y monotributistas, quienes realizan funciones idénticas a las del personal de planta permanente, quedando fuera del beneficio.
En los 48 hogares dependientes de la Dirección General de Protección de Derechos (DGP), sólo 130 personas pertenecen a planta permanente, frente a más de 600 trabajadores precarizados que sostienen el sistema de cuidados. La normativa, al no contemplar esta realidad, profundiza las desigualdades laborales.
“Esta exclusión no sólo consolida una desigualdad ya existente, sino que refuerza la idea de trabajadores de primera y segunda categoría”, remarcaron desde el sindicato.
A modo de contraste, en la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), donde toda la dotación pertenece a planta permanente por normativa, todo el personal accederá al adicional.
Desde ATSA Mendoza también se exigió que el beneficio se amplíe a trabajadores que, si bien no cumplen funciones de cuidado residencial directo, desarrollan tareas esenciales como traslados, atención sanitaria, talleres y otros servicios claves en la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, el gremio manifestó su malestar por no haber sido convocado a participar en las mesas técnicas de discusión legislativa, a pesar de representar a trabajadores directamente alcanzados por la medida.
“Es fundamental que la reglamentación contemple la realidad completa del sistema de protección. No podemos seguir construyendo políticas públicas que excluyen a quienes sostienen día a día el funcionamiento de los hogares”, expresó la secretaria general Patricia Irrutia.