-El mercado local de los combustibles está tensionado al máximo por la escalada el precio del petróleo.
-La Ley Bases de Milei eliminó una herramienta clave.
El alza del precio del petróleo le mete presión al mercado de los combustibles.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEl recrudecimiento de la Guerra en Medio Oriente disparó las alarmas en las capitales financieras del mundo, pero en la Argentina el impacto tiene un componente inédito. Las refinerías podrían trasladar al precio de los surtidores la fuerte suba en la cotización del crudo a nivel internacional porque Javier Milei eliminó un mecanismo que lo impedía.
Los precios en los surtidores de Mendoza aumentaron en torno al seis por ciento desde que comenzó el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este lunes, el petróleo Brent saltó a 110 dólares por barril, pero luego corrigió a la baja hasta los 86 dólares.
Cuando el bombardeo de Israel y Estados Unidos acabó con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, el 28 de febrero de 2026, el petróleo Brent cotizaba a 72 dólares por barril. Mueve días después, el precio del crudo en Londres oscilaba en los 86 dólares, unos 24 dólares por debajo del máximo de la jornada. Ese devenir grafica la aceleración de la volatilidad siempre presente en el mercado del oro negro.
Transferir a las pizarras de las estaciones de servicio los saltos extraordinarios de la cotización del commodities es posible legalmente desde que la administración libertaria dejó desprotegidos a los consumidores con una medida contemplada en la Ley Bases. Ahora las petroleras pueden trasladar a los surtidores la suba del crudo y hacer un descalabro social y político.
Sin herramientas legales para evitar el estrés que provocaría una suba de magnitud de los precios, al gobierno le queda un arma letal contra la remarcación en el mercado de los combustible líquidos: pisar los precios de YPF, que ostenta más de la mitad de las ventas totales del país, con los cual sus decisiones marcan el pulso del sector.
En apenas dos semanas de marzo, los precios de la nafta y el gasoil acumularon un aumento del 6%. Esta brusca suba rompió con la marcada estabilidad que el sector de los combustibles mantenía en los surtidores desde fines de diciembre. Como consecuencia se prendieron algunas alarmas en la economía, ya que un alza del 6% supera ampliamente la inflación mensual proyectada por el Banco Central (BCRA), la cual se estimaba por debajo del 3% para los primeros meses del año.
El CEO de YPF, Horacio Marín, intentó llevar tranquilidad a los consumidores. Aseguró que la compañía no aplicará "cimbronazos" de precios y que utiliza un sistema de promedios móviles para amortiguar los costos. Además, destacó un punto clave: si la tensión bélica en el estrecho de Ormuz logra calmarse, los valores en los surtidores locales podrían volver a bajar.
Durante décadas, el artículo 6 Ley de Hidrocarburos 17.319 funcionó como un escudo —y a veces como un corsé— que permitía al Gobierno desacoplar los precios internos de los vaivenes globales. Aquella redacción establecía que, ante "circunstancias excepcionales" que elevaran los precios de importación, el Estado podía fijar valores basados en los costos reales de explotación de la empresa estatal y un interés razonable.
Ese mecanismo dio vida al célebre barril criollo, una herramienta que permitía forzar acuerdos entre productores y refinadores para mantener el crudo por debajo de la paridad de exportación (o export parity). Sin embargo, la versión del artículo 6 de la Ley Bases ha operado un giro copernicano en la regulación. "El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno", estableció.
Esta modificación sepulta la facultad de arbitraje estatal y establece como objetivo principal la maximización de la renta.
El cambio no solo afecta al consumo interno, sino también a la logística del flujo petrolero. El artículo 105 de la Ley Bases eliminó la obligatoriedad de cubrir primero las necesidades internas antes de exportar. Anteriormente, las empresas debían someterse a un engorroso trámite en la Secretaría de Energía donde cualquier refinador local podía "bloquear" una exportación si necesitaba ese petróleo.
Si bien el decreto 1057/24 reglamentó ciertas causales excepcionales para objetar ventas al exterior, la filosofía es la libertad comercial. En este escenario, la suba de las retenciones (que pasarán del 4% al 8% debido al aumento del precio internacional) será el único contrapeso fiscal, aunque insuficiente para frenar la inercia de los precios internos. Para el consumidor final, el mercado global ya no es una referencia lejana, sino el juez que dictará el costo de llenar el tanque.