La empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA) ha logrado capitalizar las derivaciones políticas y financieras tras la caída del proyecto Portezuelo del Viento. Bajo la gestión de Alfredo Cornejo, la firma captó la tajada principal del millonario fondo redireccionado, confirmando recientemente su control sobre los contratos estratégicos del Tren de Cercanías y la Ruta 40.
El dominio del Fondo del Resarcimiento
Un análisis pormenorizado de los registros oficiales de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial ha expuesto una tendencia inquietante para el resto del sector privado: la marcada concentración de capital en la asignación de recursos provenientes del denominado Fondo del Resarcimiento. Los datos oficiales revelan que la distribución de estos activos no ha sido capilar, sino que se ha estancado en la cima de la pirámide empresarial mendocina.
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Fernando Porreta, zar de la obra pública provincial y presidente de Gimnasia y Esgrima.
Santiago Tagua
Las cifras son elocuentes y no dejan lugar a segundas interpretaciones técnicas. La constructora CEOSA, propiedad del influyente empresario y presidente del club Gimnasia y Esgrima, Fernando Porreta, el Zar de la obra pública provincial, ha acaparado por sí sola el 30,33% del total de los fondos asignados hasta la fecha. Si a este porcentaje se le suma la participación de José Cartellone Construcciones Civiles, que obtuvo un 20,65%, se concluye que apenas dos actores manejan el 50,98% de la billetera pública destinada a la reconstrucción de la infraestructura provincial.
Centralización de la obra pública
En términos monetarios absolutos, la magnitud del beneficio obtenido es superlativa para el contexto económico actual. De los 339 millones de dólares que el Gobierno de Mendoza ha destinado a obras que ya se encuentran en etapa de ejecución o han sido recientemente adjudicadas, la mayor parte ha quedado bajo la órbita de estas dos poderosas compañías. Esta centralización de los contratos ha encendido las alarmas en las cámaras empresariales locales, donde se cuestiona la viabilidad de la libre competencia bajo estos parámetros de selección.
La situación ha provocado un intenso debate social y político en la Legislatura. Las principales críticas giran directamente en torno a la falta de mecanismos institucionales que aseguren una distribución más equitativa, la cual permitiría la subsistencia y el crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).
El Tren de Cercanías: Joya de la corona
La ratificación del poderío de CEOSA llegó de boca de la propia Marité Baduí. La funcionaria, a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura, confirmó que el ambicioso proyecto ferroviario provincial estará bajo la responsabilidad técnica y operativa de la empresa de Porreta. Según la versión oficial, la compañía se adjudicó la licitación tras presentar la "oferta más conveniente", logrando incluso ampliar el recorrido previsto a 45 kilómetros totales.
tren de cercanías
El Gobierno espera anunciar, antes de fin de mes, a las empresas que harán la obra.
No se trata simplemente de una obra de construcción convencional. El acuerdo firmado otorga a CEOSA la concesión del servicio por un período de 15 años, lo que le asegura un flujo de ingresos constante y una gestión integral a largo plazo de la nueva infraestructura de transporte.
Un pulpo de infraestructura vial y turística
Sin embargo, la voracidad contractual de la empresa no se limita a los rieles. Recientemente, se adjudicó la megaobra del Acceso Sur, una arteria vial indispensable para la conectividad y el flujo logístico de Mendoza. Su expansión también ha permeado el sector recreativo mediante su participación en un consorcio junto a la firma Mendotravel, obteniendo la concesión para la explotación de una parte de la costa sur del Dique Potrerillos.
Sumando estas adjudicaciones a otros proyectos estratégicos de menor escala en tramos de la Ruta 40, CEOSA ha tejido una red de influencias que abarca desde el transporte de pasajeros hasta el desarrollo turístico. Mientras el gobierno provincial defiende la eficiencia y conveniencia de estas adjudicaciones, el sector privado observa con recelo cómo el mapa de la infraestructura mendocina se dibuja, casi exclusivamente, con los colores de una sola bandera empresarial.