La iniciativa fue impulsada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y contempla especialmente a trabajadores vinculados con las actividades vitivinícolas, los empleos temporarios y los contratistas. El objetivo es evitar que la registración laboral durante los períodos de cosecha termine funcionando como un impedimento para aceptar un empleo formal.
El planteo aparece en un contexto en el que buena parte de la actividad agrícola y vitivinícola mendocina depende de trabajadores temporarios durante determinados períodos del año. Para estos trabajadores, la posibilidad de ser contratados formalmente puede entrar en conflicto con la continuidad de determinadas prestaciones sociales.
La propuesta apunta a que el acceso a un trabajo registrado no implique necesariamente la pérdida de los beneficios que los trabajadores reciben fuera de la temporada de cosecha.
El tema ya había sido planteado por distintos sectores vinculados al trabajo rural. En 2025, representantes del sector habían advertido sobre las dificultades que generaba para los trabajadores temporarios la posibilidad de perder beneficios de ANSES cuando eran declarados formalmente por las empresas durante la cosecha.
El objetivo de este tipo de medidas es generar un esquema que permita compatibilizar el empleo formal de temporada con la protección social, teniendo en cuenta que se trata de actividades que concentran la demanda de mano de obra durante determinados meses del año.
La cosecha constituye una de las etapas centrales de la actividad vitivinícola mendocina y requiere una importante cantidad de trabajadores durante períodos específicos.
La característica temporal de estos empleos genera una particularidad: una persona puede tener ingresos laborales durante la temporada y volver a necesitar asistencia o programas sociales cuando finaliza el período de contratación.
Por eso, la iniciativa busca evitar que el trabajador deba elegir entre aceptar un empleo registrado durante la cosecha o conservar un beneficio social que puede resultar necesario durante los meses en los que no tiene trabajo.
El planteo también apunta a reducir los incentivos a la informalidad laboral, ya que la posibilidad de conservar determinados beneficios mientras dura el empleo temporario podría facilitar que más trabajadores sean registrados por las empresas.
La discusión sobre la compatibilidad entre empleo rural temporario y planes sociales no es nueva. En 2021, el Gobierno nacional había implementado un mecanismo destinado a permitir que trabajadores rurales pudieran ser contratados durante la cosecha sin perder determinados beneficios sociales, con el objetivo de promover el trabajo registrado.
El nuevo proyecto busca avanzar nuevamente sobre esa problemática y establecer un marco que contemple las particularidades de los trabajadores temporarios de Mendoza.
La iniciativa deberá ahora atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. Mientras tanto, el debate vuelve a poner en el centro una de las dificultades de las economías regionales: cómo incorporar trabajadores al empleo formal sin que la temporalidad propia de actividades como la cosecha genere una pérdida de protección social.