La audiencia por la reforma de la Ley de Glaciares tiene más de 100 mil inscriptos. Sólo participarán en vivo los que se anotaron en las primeras horas.
Desde las 9, las inmediaciones del Congreso cortaron el tránsito y un despliegue de fuerzas federales que anticipaban la magnitud de la jornada. A las 10 en punto, la Cámara de Diputados abrirá la primera audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada previamente por el Senado. La reforma es impulsada por Javier Milei para habilitar la megaminería en zonas hasta el momento protegidas por la ley.
El esquema diseñado por Libertad Avanza (LLA) fue mixto: 200 oradores presenciales el miércoles y otros 200 en modalidad remota el jueves. El resto de los más de 100 mil inscriptos debía conformarse con enviar escritos o videos a través de una plataforma. La limitación generó polémica desde el inicio. Provincias Unidas, Unión por la Patria y la izquierda reclamaron la extensión de las audiencias, argumentando que la participación ciudadana quedaba restringida en un tema de enorme trascendencia ambiental.
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, fueron los encargados de ordenar la dinámica. Ratificaron que solo quienes habían sido notificados por correo electrónico podrían ingresar a la sala, y recordaron que cada exposición tendría un máximo de cinco minutos. La estricta administración del tiempo se volvió indispensable para que casi 200 voces pudieran expresarse en una sola jornada.
Mientras tanto, en las calles, organizaciones ambientalistas se preparaban para marchar por la tarde en reclamo de una ampliación de las audiencias. La tensión entre el oficialismo, que buscaba avanzar con la reforma para habilitar la minería en zonas glaciares, y los sectores opositores y ambientalistas, que defendían la protección irrestricta de estos ecosistemas, se palpaba tanto dentro como fuera del recinto.
El juez Enrique Regeuira había rechazado una cautelar presentada por particulares y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para suspender las audiencias. Sin embargo, otra medida solicitada por organizaciones como FARN, Greenpeace y la Red Universitaria por la Crisis Climática seguía pendiente de resolución en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. Estas entidades exigían que se garantizara la participación oral de todos los inscriptos, un pedido que parecía difícil de cumplir en la práctica.