Un proyecto del PJ busca que los edificios públicos tengan la leyenda: “Las Malvinas son Argentinas”
Un proyecto del PJ busca que los edificios públicos tengan la leyenda: “Las Malvinas son Argentinas”
Un proyecto del PJ busca que los edificios públicos tengan la leyenda: “Las Malvinas son Argentinas”
Esta propuesta establece que la señalización deberá colocarse en el acceso principal, y en los sectores de mayor circulación de organismos estatales, hospitales, escuelas, oficinas públicas y demás dependencias provinciales. En este contexto, se contempla su instalación en la terminal de ómnibus de Mendoza, las terminales departamentales, el aeropuerto internacional El Plumerillo y otros puntos estratégicos de ingreso y egreso de la Provincia de Mendoza.
Otro de los puntos destacados del proyecto es que la leyenda también deberá incorporarse en las unidades del transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial, siguiendo un criterio similar al que ya rige para el transporte nacional.
En los fundamentos de este proyecto, Gomez sostiene que colocar la frase en edificios públicos ya que no requiere grandes recursos, sino una decisión política para reafirmar diariamente el reclamo argentino sobre las islas. En consecuencia, se recuerda que la constitución nacional reconoce la soberanía sobre las Malvinas Argentinas como un objetivo permanente e irrenunciable, por lo que se considera que la provincia debe reflejar ese mandato en sus espacios institucionales.
Un proyecto del PJ busca que los edificios públicos tengan la leyenda: “Las Malvinas son Argentinas”
Entre estos argumentos, el proyecto recuerda que cientos de vecinos de Mendoza combatieron en la Guerra de Malvinas, y que además de ellos quince perdieron su vida. En este sentido, se plantea que la exhibición permanente de la leyenda constituye una forma concreta de mantener viva la memoria de los excombatientes y de fortalecer la conciencia sobre la causa Malvinas.
La iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo provincial sea la autoridad de aplicación y fija un plazo máximo de 180 días desde la reglamentación para colocar la cartelería en todos los ámbitos alcanzados. También autoriza la reasignación de partidas presupuestarias para financiar la medida y extiende una invitación a los municipios para que adhieran a la futura ley en sus edificios y medios de transporte.
