-Los profesionales de la Salud aseguran que las prestaciones se caen a pedazos.
-Iturbe, de AMPROS: "Sería cómplice si acuerdo en los términos del gobierno".
Caludia Iturbe, conductora de AMPROS, el gremio de los profesionales de la salud.
El Gobierno de Alfredo Cornejo dio por concluida la ronda de paritarias correspondientes al primer semestre de 2026 con trece sectores del Estado provincial que acordaron y sólo uno que se plantó en contra, siendo marginado de la mesa de negociaciones. Los profesionales de la salud (AMPROS) decidieron resistir y denunciar un "proceso de vaciamiento" en distintas especialidades.
"Vaciaron de especialistas a la Salud Pública en un proceso que comenzó con el mandato de (Alfredo) Cornejo", puntualizó Claudia Iturbe, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. El gremio de los médicos se sentó a la mesa con pedidos caros para sus afiliados como para el Gobierno.
Además del pase a planta de los profesionales, el sindicato pidió una recomposición del 40% en los haberes. El gobierno ni siquiera respondió a ese reclamo. AMPROS quedó marginada de la negociación. La entidad gremial tiene unos 8000 afiliados, de los cuales en torno a los seis mil se desempeñan en efectores públicos. El salario inicial para los profesionales en la salud pública ronda el millón de pesos, precisó la conductora del gremio.
"No puedo acordar, sería cómplice del vaciamiento si lo hago en los términos planteados", contestó Iturbe a la pregunta: ¿Por qué solamente AMPROS rechazó el ofrecimiento de Cornejo, que unificó el incremento de la pauta salarial para todos los sectores del ámbito público provincial en un 10% en dos cuotas para el primer semestre?
La crisis en el sistema sanitario de Mendoza ha escalado a niveles de conflicto internacional. Iturbe advirtió sobre la gravedad institucional que atraviesa la provincia tras el cierre de las últimas negociaciones paritarias. Según la dirigente, el gobierno de Cornejo ha implementado una estrategia de fragmentación que vulnera la libertad sindical y empuja a los profesionales al sector privado o al exterior.
El núcleo del conflicto reside en la creación de nuevos regímenes laborales que, según Ampros, buscan eludir la discusión colectiva. Iturbe denunció que el Ejecutivo provincial impide paritar por el nuevo Régimen Médico, dejando a cerca de mil profesionales sin representación gremial efectiva. "El gobernador decide quién entra en paritarias y quién no. Es una situación que ya ha sido elevada al Comité de Libertad Sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)", afirmó la secretaria general.
La dirigente señaló una maniobra política recurrente: el desplazamiento de Ampros de la mesa de negociación mediante acuerdos con otros gremios, como ATE, para decidir sobre el Régimen 27, que corresponde exclusivamente a los profesionales de la salud. "Es tan ilegal como si el Gobierno nacional decidiera crear un régimen nuevo para camioneros por ley para sacarle poder a su sindicato", comparó Iturbe.
La pérdida del poder adquisitivo es el principal motor del desmantelamiento operativo. Iturbe sostiene que el atraso salarial real ronda el 40%, producto de acuerdos previos que beneficiaron a la planta política y legisladores por encima de los trabajadores esenciales. Esta situación ha generado un "apagón" en áreas críticas como la salud mental.
"Hoy no hay psicólogos ni psiquiatras en los centros ambulatorios; están cerrados los turnos en toda la provincia y solo se atiende lo que entra por guardia", alertó.
La falta de especialistas se extiende a fonoaudiólogos, kinesiólogos y farmacéuticos. En el caso de estos últimos, la eliminación del bloqueo de título en la parte pública ha provocado que los profesionales migren masivamente a farmacias privadas, donde los salarios duplican la oferta estatal. Para Ampros, el plan oficial es reducir la salud pública a una atención "básica y de urgencia", eliminando la complejidad y la rehabilitación, que quedarán reservadas para quienes puedan costearlas.
Otro punto de extrema sensibilidad es la situación de los 2000 prestadores que sostienen el sistema. Se trata de profesionales en una "relación de dependencia encubierta" que facturan como monotributistas, sin vacaciones, obra social ni aportes jubilatorios. Iturbe denunció que el Gobierno planea reducir esta planta para financiar el nuevo régimen médico, lo que profundizará la falta de personal.
"Son profesionales que marcan tarjeta y cumplen guardias, pero los tratan como a un pintor que hace un trabajo eventual", fustigó la sindicalista.
La dirigente gremial vinculó directamente el ajuste presupuestario con el deterioro de indicadores de salud en Mendoza. Mencionó un aumento del 70% en casos de sífilis, el incremento de la mortalidad materna prenatal y la caída en los índices de vacunación, los cuales calificó como los más bajos del país. "Se apunta solo a lo urgente para ahorrar. Es una falta de política de prevención que se pagará caro en el futuro", sentenció.
Ante la falta de convocatoria al diálogo, Ampros inició un plan de asambleas y movilización permanente. Todos los días, de 9:00 a 10:00 horas, los profesionales realizan asambleas en sus lugares de trabajo. Mientras tanto, la batalla legal continúa en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y en los organismos internacionales.
"Hay mucha impunidad; manejan la Corte, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. Pero nosotros no vamos a aceptar este vaciamiento", concluyó Iturbe, quien insistió en que la salud pública mendocina atraviesa su periodo de mayor fragilidad desde el retorno de la democracia.
La estrategia de la Casa de Gobierno consistió en poner sobre la mesa una propuesta que consideró el máximo esfuerzo fiscal posible: un 10% de aumento escalonado en dos tramos no acumulativos (7% con los haberes de marzo y 3% en mayo), calculados sobre la base de diciembre de 2025.
Trece sectores del empleo público acordaron en esos términos, que implican un recorte salarial en términos reales. Los servicios básicos que necesitan las familias para vivir acumularon más del 11% de incremento en los dos primeros meses del años, mientras la comida de la mesa de los mendocinos se encareció 7,7% en enero y febrero, mientras el IPC lo hizo en el orden del cinco y medio por ciento.
El gobierno celebró este martes la firma de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato liderado por Roberto Macho avaló la propuesta tras una reñida votación en la asamblea del gremio, sumándose así a la lista de entidades que habían acordado, entre los que destacan el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y los Empleados Judiciales, entre otros.
AMPROS se quedó sola. Hacia el interior de la entidad de los profesionales se fueron generando facturas a cobrar contra algunos de los líderes sindicales que se "prestaron" al plan de Cornejo para cercar el reclamo de los profesionales de la salud, mientras se llevaban la representación de médicos que se desempeñan bajo el ala de otras carteras del gobierno, como los que integran los gabinetes de las escuelas, ahora representados por el SUTE.
El temor a un cierre por decreto y la necesidad imperiosa de llevar efectivo a las bases en el corto plazo pesaron más que el porcentaje en sí para las dirigencias acuerdistas. Asumieron el acotado margen que poseían para sostener una lucha de largo aliento, como la que necesitaban para doblegar a Cornejo. Prometieron seguir protestando para conseguir otra mejora antes de la mitad del año, algo que no está contemplado ni en el más débil de los potenciales que pican en el área de la administración de Cornejo.