-La hoja de ruta de Alfredo Cornejo para la minería se fortalece desde la geopolítica.
-A la vez, crece la tensión en torno a la represión de la resistencia.
Cornejo derivó en la policía la atención de la protesta minera.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl plan minero del gobernador Alfredo Cornejo avanza sobre dos rieles paralelos y contradictorios: una demanda geopolítica global insaciable y la política doméstica que derivó a la policía la atención gubernamental del conflicto social que genera el modelo extractivista que empieza tomar forma en la provincia.
Mientras en los despachos de Peltier 351, de la Casa Rosada y del Departamento de Estado de los Estados Unidos se celebra la "vía rápida" para que lleguen a la minería local capitales norteamericanos bajo el amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en las calles de Mendoza es moneda corriente la represión policial a las protestas contra la minería, que nunca pudo resolver el gobierno de la provincia.
La reciente ratificación del compromiso entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump para acelerar las solicitudes al RIGI fortalece la posición de Mendoza en el centro de un tablero internacional.
Para Washington, asegurarse el suministro de cobre desde los proyectos como los de Malargüe Distrito Minero (MDM) es una prioridad de seguridad nacional para contrarrestar la hegemonía de China en la región. Sin embargo, este impulso externo choca de frente con una resistencia civil que, aunque dispersa, mantiene viva la defensa del agua y la acusación sobre el modelo extrativista de poner su disponibilidad en crisis.
El RIGI no es solo un paquete de beneficios fiscales; es, en la práctica, un blindaje jurídico que entrega a empresas una estabilidad por 30 años que el Estado mendocino difícilmente podría garantizar por cuenta propia. El compromiso de "aceleración" administrativa prometido a las empresas estadounidenses implica que los informes de impacto ambiental y las audiencias públicas deberán fluir con una velocidad inusitada.
Esta urgencia técnica es vista con desconfianza por las asambleas del agua y sectores académicos de la Universidad Nacional de Cuyo. La crítica es directa: la velocidad requerida por el capital extranjero es incompatible con los tiempos de la licencia social.
En este contexto, el gobierno de Cornejo ha endurecido el discurso y la acción. La actualización del Código de Convivencia y el despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad ante cualquier atisbo de corte de ruta son interpretados por sectores sociales como la infraestructura necesaria para garantizar la paz de los mercados a costa de la protesta ciudadana.
Mientras el gobernador Alfredo Cornejo o sus funcionarios viajan a ferias mineras internacionales como la PDAC en Canadá o mantiene reuniones con el embajador Peter Lamelas, en la provincia se consolida un modelo de gestión de la conflictividad que prioriza el orden público sobre el disenso.
"No habrá lugar para el sabotaje al desarrollo", ha sido el mantra oficialista. Para el Ejecutivo local, la minería no es una opción, sino una urgencia para sanear las cuentas de una provincia que ha perdido peso económico frente a sus vecinas.
Sin embargo, el contraste es flagrante. En los departamentos del sur, especialmente en Malargüe, el discurso del empleo minero permea con fuerza en una población ligada a la industria petrolera. En cambio, en el Valle de Uco y el Gran Mendoza el temor por la contaminación de las cuencas de los río Mendoza y Tunuyán sigue siendo el motor de una resistencia que el Gobierno intenta encapsular con operativos policiales multitudinarios, que terminan casi siempre con la detención de manifestantes.
El factor estadounidense ha cambiado las reglas del juego. Ya no se trata solo de una discusión local sobre minería "sí o no". La presión de Estados Unidos por el cobre mendocino —esencial para la infraestructura de sus ciudades inteligentes y su transición verde— dota al plan de Cornejo de una legitimidad internacional que sus predecesores no tuvieron.
El RIGI funciona aquí como el puente de plata: permite que el gobernador presente la minería como un mandato nacional e internacional, diluyendo la responsabilidad local ante posibles impactos ambientales.
El alineamiento de Alfredo Cornejo con la agenda de Estados Unidos no es solo una búsqueda de inversiones; es una estrategia de legitimación. Al enmarcar la minería mendocina dentro de la seguridad nacional de Washington y la competencia contra China, el gobierno provincial eleva la discusión: ya no se trata de un debate vecinal sobre el agua, sino de un "deber patriótico" y occidental de suministrar cobre y litio.