La construcción informal sigue ganando terreno en Mendoza y comienza a encender señales de alarma entre los profesionales del sector. Un análisis del Centro de Ingenieros de Mendoza, elaborado a partir de estadísticas oficiales de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), reveló que cada vez más viviendas y edificaciones se ejecutan sin cumplir con la documentación exigida por la normativa vigente.
Los datos muestran que durante 2025 se levantaron 324.996 metros cuadrados sin autorización municipal, frente a 1.062.489 metros cuadrados construidos con permiso previo. En otras palabras, las obras irregulares representaron el 30,59% de las edificaciones con autorización.
El informe también marca que la tendencia se profundizó con el paso de los años. En el año 2000 las construcciones sin permiso equivalían al 16,23% de la superficie autorizada, una proporción que prácticamente se duplicó en los últimos 25 años.
Desde el Centro de Ingenieros señalaron que el fenómeno refleja un cambio en el comportamiento de muchos propietarios, que primero ejecutan las obras y luego intentan regularizarlas mediante distintos mecanismos administrativos.
Como consecuencia de esta práctica, estiman que casi una de cada cuatro construcciones en Mendoza durante el último cuarto de siglo fue levantada sin contar previamente con la autorización municipal correspondiente.
Los especialistas remarcaron que el cumplimiento de las normas técnicas no debe entenderse únicamente como un trámite burocrático, sino como una herramienta fundamental para disminuir la vulnerabilidad de las construcciones, especialmente en una provincia con elevada actividad sísmica.
Los profesionales recordaron que Mendoza se encuentra en una de las regiones con mayor riesgo sísmico del país, por lo que respetar los proyectos, cálculos estructurales y controles técnicos resulta determinante para reducir posibles daños durante un movimiento telúrico.
En ese contexto, sostuvieron que revertir la tendencia requerirá no solo reforzar la fiscalización, sino también generar condiciones que faciliten el acceso de los particulares a la construcción formal y al cumplimiento de la normativa vigente.
El informe identifica dos factores principales detrás del incremento de las construcciones informales.
Por un lado, el fuerte aumento de los costos de construcción y la pérdida de poder adquisitivo llevaron a muchas familias a prescindir de profesionales o evitar el pago de derechos municipales para reducir gastos.
Por otro, los ingenieros advirtieron que la disminución de los controles municipales y la aplicación periódica de moratorias para regularizar obras ejecutadas sin autorización terminaron generando un incentivo contrario al cumplimiento de las normas.