Alertan por prácticas abusivas para reclamar deudas

Con el aumento del endeudamiento de las familias, también creció la preocupación por las prácticas utilizadas por algunas empresas de recupero para reclamar deudas. Llamados permanentes, mensajes intimidatorios, amenazas con embargos y comunicaciones dirigidas a familiares o empleadores son parte de las situaciones que denuncian consumidores en distintos puntos del país.

Especialistas en defensa del consumidor advierten que muchas de estas conductas no solo generan temor e incertidumbre, sino que además pueden vulnerar los derechos de quienes mantienen una deuda.

La legislación nacional establece límites claros para los reclamos extrajudiciales y prohíbe las prácticas intimidatorias.

Mientras en la provincia de Buenos Aires las denuncias por cobranzas abusivas se triplicaron en el último año, organizaciones de consumidores sostienen que en Mendoza también aumentaron de manera significativa las consultas por este tipo de situaciones, aunque muchas personas prefieren no realizar una denuncia formal.

Las prácticas que más preocupan

Desde Protectora Asociación de Defensa del Consumidor aseguran que cada vez reciben más consultas vinculadas a la forma en que algunas empresas intentan recuperar créditos impagos.

Su presidenta, Romina Ríos, explicó que una de las principales dificultades es que quienes realizan los contactos muchas veces no se identifican correctamente. "Generalmente no se identifican. Dicen ser un estudio, pero no sabes si realmente es un estudio jurídico, un estudio de cobranzas o un call center. Muchas veces ni siquiera están en Mendoza", señaló.

La dirigente indicó además que una de las mayores preocupaciones de los consumidores surge cuando reciben amenazas de embargos inmediatos o acciones judiciales inminentes.

"Muchas personas consultan porque creen que al día siguiente pueden presentarse en su domicilio para embargarles sus bienes. Eso genera mucho miedo. Nos preguntan si realmente pueden hacerlo", afirmó.

Qué dice la Ley de Defensa del Consumidor

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza recordó que la Ley Nacional 24.240 protege a los consumidores frente a este tipo de conductas durante los reclamos por deudas.

La normativa establece que los proveedores deben abstenerse de realizar acciones que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

Además, la legislación dispone que, durante los reclamos extrajudiciales, tampoco pueden utilizar mecanismos que otorguen apariencia de un proceso judicial cuando en realidad no existe una demanda presentada ante la Justicia.

Mensajes a familiares y empleadores

Otra de las prácticas cuestionadas consiste en contactar a familiares, vecinos o empleadores para informar sobre una deuda pendiente.

Según Romina Ríos, incluso se registraron casos en los que empresas enviaron correos electrónicos a los lugares de trabajo de los deudores. "Han llegado correos electrónicos a los empleadores diciendo que esa persona tiene una deuda. Eso viola todo el marco protector de la Ley de Defensa del Consumidor y puede incluso rozar figuras previstas en el Código Penal vinculadas con amenazas u hostigamiento", sostuvo.

Estas situaciones, además de afectar la privacidad del consumidor, pueden provocar consecuencias laborales y personales que exceden ampliamente el objetivo de cobrar una deuda.

Por qué pocas personas denuncian

A pesar del incremento de las consultas, desde la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza señalaron que actualmente no registran denuncias formales por este tipo de prácticas.

Para Protectora, esa diferencia responde a que muchos consumidores consideran que iniciar un expediente administrativo no modificará la situación.

"Los consumidores son reacios a iniciar denuncias porque consideran que no terminan en nada. En muchos casos esperan que la situación se diluya o, en el peor de los casos, que llegue una notificación judicial verdadera", explicó Ríos.

Los especialistas recomiendan conservar mensajes, grabaciones, correos electrónicos y cualquier otra evidencia de hostigamiento, ya que pueden servir como prueba en caso de presentar una denuncia ante los organismos de defensa del consumidor o, si corresponde, ante la Justicia.