La basura arrojada en la calle, los escombros abandonados en terrenos y los residuos que terminan en las acequias pueden convertirse en un problema mucho más costoso para los vecinos de Mendoza. Con la publicación de la Ley 9737 en el Boletín Oficial, la provincia oficializó un nuevo esquema de sanciones que contempla multas de hasta $1,5 millones para particular es, además de posibles arrestos y trabajos comunitarios.
La normativa modifica el Código Contravencional y alcanza distintas conductas vinculadas con el arrojo y la acumulación de residuos en espacios no habilitados. El objetivo es sancionar estas prácticas tanto en calles y plazas como en propiedades privadas, canales y otros sistemas de drenaje.
Para quienes arrojen o acumulen residuos, escombros, malezas u otros materiales en lugares no permitidos, las multas van de $500.000 a $1 millón. A la sanción económica pueden sumarse arrestos de entre 10 y 20 días o hasta 30 días de trabajo comunitario dedicado a tareas de limpieza.
El costo puede aumentar cuando la infracción afecta la infraestructura hídrica. Arrojar basura en acequias, canales, hijuelas, colectores o cauces aluvionales contempla multas de $750.000 a $1,5 millones, además de arrestos de entre 15 y 25 días o trabajo comunitario.
La responsabilidad económica tampoco termina necesariamente con el pago de la multa. La ley establece que los infractores deberán afrontar los gastos de remoción de los residuos y la reparación de los daños ocasionados.
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el agravamiento de las sanciones cuando las infracciones se cometen durante alertas o emergencias hidrometeorológicas y estados de catástrofe declarados oficialmente.
En esos casos, las multas pueden duplicarse. Para los particulares, las sanciones por arrojar residuos en cauces de agua pueden alcanzar los $3 millones, mientras que para las empresas las penalidades pueden llegar a los $10 millones.
En el caso de las personas jurídicas, las multas ordinarias previstas van de $2,5 millones a $5 millones cuando las infracciones se cometen en el marco de actividades realizadas en su nombre, interés o beneficio. También pueden aplicarse medidas adicionales, como clausuras, decomisos e inhabilitaciones.
La ley contempla, además, que cuando los responsables sean menores de edad, sus padres, tutores o guardadores deberán responder solidariamente por los costos de limpieza, remoción de residuos y reparación que correspondan.
De esta manera, arrojar basura en lugares no habilitados deja de ser solamente una cuestión de higiene urbana y puede representar un fuerte gasto para quienes incumplan las disposiciones. El monto final dependerá del tipo de infracción, del lugar afectado y de si se presentan circunstancias que agraven la sanción.