A pesar de que Mendoza tiene nueva ley de cannabis medicinal, se sigue persiguiendo a consumidores de marihuana y falta acompañamiento no punitivo.
La demanda es por una nueva ley de drogas que deje de perseguir y empiece a cuidar.
Como cada primer sábado de mayo, organizaciones cannábicas de todo el país se movilizarán en la Marcha Mundial de la Marihuana para exigir una política de drogas basada en derechos humanos, salud pública y justicia social. Piden la derogación de la Ley 23.737 y la reparación histórica para sus víctimas.
A 35 años de la sanción de la Ley de Drogas 23.737, miles de personas saldrán a las calles este sábado 3 de mayo en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana 2025, bajo la consigna: “¡Por una nueva ley de drogas ya! ¡Basta de personas presas por marihuana!”.
El documento federal que acompaña la movilización denuncia que el actual régimen legal criminaliza a usuarios, cultivadores y redes comunitarias, mientras beneficia al narcotráfico y sostiene un enfoque punitivo, anacrónico y patriarcal.
La movilización forma parte de una jornada internacional que se realiza todos los años, el primer sábado de mayo. Abel Alarcón, integrante de la Agrupación Cannabicultora Mendoza, explicó el sentido de la jornada:
“Básicamente, a nivel mundial, lo que se pide es una nueva ley de drogas que no criminalice al usuario. Esa es la base de la que partimos para seguir manifestándonos, más allá de las coyunturas políticas.”
Si bien reconoció ciertos avances y apertura del mercado, Abel subrayó que la criminalización persiste: “Hay apertura, hay mercado incluso hacia donde se está apuntando el cannabis, pero todavía se sigue criminalizando al usuario. Entonces por eso es que uno se manifiesta y trata de que haya una política de drogas, no sólo con respecto a la marihuana sino con todas las drogas en sí. Que haya información para poder asistir a las personas que tienen consumo problemático y no criminalizarlas.”
Además, remarcó que las fuerzas de seguridad aún carecen de herramientas adecuadas para abordar el tema: “Si bien hay un marco legal, aún hay muy poca información en las fuerzas de seguridad para tratar temas de trazabilidad de la materia, lo cual hace que todo lo que tenga que ver con cannabis genere ese rechazo en la sociedad. Creo que es un buen momento para crear espacios de información con respecto al consumo.”
Desde la comunidad cannábica exigen una nueva ley de drogas basada en salud pública, reducción de daños, acceso igualitario y justicia social, en sintonía con normativas como la Ley de Salud Mental 26.657 y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Ley 26.934).
A pesar de los avances logrados por las leyes de cannabis medicinal (27.350) y de cáñamo industrial (27.669), denuncian que las regulaciones siguen siendo restrictivas. Las trabas en organismos como el REPROCANN, INASE y la ARICCAME, junto con el freno al desarrollo de la industria por parte del gobierno nacional, han forzado a provincias y municipios a dictar sus propias normas.
Uno de los ejes centrales de la convocatoria es la reparación histórica para las víctimas de la Ley 23.737, mediante amnistía, absolución, cancelación de antecedentes penales y reparación económica. También se exige el reconocimiento laboral de quienes trabajan con cannabis, desde cultivadores hasta profesionales del ámbito terapéutico, y se rechazan regulaciones extractivistas que excluyan a quienes hoy sostienen la economía cannábica desde la informalidad.
“La planta representa mucho más que una sustancia: es identidad, cultura, salud, comunidad y trabajo”, resumen desde las organizaciones convocantes. La demanda es clara: una nueva ley de drogas que deje de perseguir y empiece a cuidar.