La crisis que atraviesa la vitivinicultura mendocina suma un nuevo capítulo. A los problemas de rentabilidad, el aumento de los costos y las dificultades para colocar la producción se agregaron ahora denuncias de productores por presuntos abusos en las condiciones contractuales.
El reclamo fue planteado por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, desde donde exigieron reglas claras para las relaciones comerciales dentro de la cadena vitivinícola.
La situación vuelve a poner el foco sobre uno de los principales problemas que enfrenta la actividad: el desequilibrio entre los distintos actores de la cadena y las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos productores para sostener sus explotaciones.
Durante los últimos meses, los productores mendocinos vienen alertando por el deterioro de la rentabilidad. El incremento de los costos de producción, combinado con precios de la uva que no acompañan esa evolución, llevó a numerosos establecimientos a trabajar con resultados negativos.
Un informe difundido en julio señaló que producir una hectárea de viñedos destinados a la elaboración de vino puede generar actualmente una pérdida anual cercana a $2,65 millones. Según los datos citados, producir una hectárea demanda alrededor de $7 millones, mientras que los ingresos alcanzarían aproximadamente los $4,4 millones.
La situación es particularmente delicada para los productores de menor escala, que tienen menos margen financiero para absorber aumentos de costos, pagos diferidos y una caída en el valor de su producción.
En este escenario aparece una nueva preocupación: las condiciones bajo las cuales los productores entregan su producción y acuerdan los pagos con las bodegas.
El reclamo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este apunta a la necesidad de establecer reglas claras y relaciones comerciales equilibradas.
La discusión no es menor. Cuando un productor depende de una bodega para colocar su producción, las condiciones pactadas pueden determinar buena parte de la rentabilidad final de la cosecha.
Por eso, desde el sector comenzaron a advertir sobre situaciones que, según plantean, podrían generar desequilibrios contractuales y dejar a los productores en una posición de mayor vulnerabilidad.
La crisis del vino suma denuncias y golpea a los productores
Frente a la compleja situación, el Gobierno de Mendoza puso en marcha durante 2026 distintas herramientas para intentar sostener al sector.
Una de ellas fue el Fondo Anticíclico Vitivinícola, mediante el cual se adquirieron más de 450.000 quintales de uva para mosto a 1.017 productores de los oasis Norte y Este. La operatoria tuvo como objetivo establecer un precio de referencia y evitar una mayor caída del valor de la materia prima en un contexto de sobrestock.
Además, la Provincia lanzó una línea de financiamiento para productores y cooperativas de hasta 20 hectáreas destinada a afrontar los costos de cosecha y acarreo. Sin embargo, las medidas no lograron despejar todos los interrogantes de una actividad que continúa atravesada por problemas estructurales.