-Desde la cárcel, Mauricio Morales publicó una carta donde niega ser un estafador
-La justicia sostuvo la prisión preventiva
Mauricio Morales rompe el silencio tras el escándalo de OK Eventos
El caso de OK Eventos sumó un nuevo capítulo en los últimos días cuando Mauricio Morales divulgó una carta en la que justificó el accionar de su empresa y negó ser un estafador. En su lugar, adjudicó la suspensión de los festejos a un "error de gestión".
Mientras las familias de los egresados damnificados piden que la justicia continúe con la causa, el titular de la firma decidió contraatacar mediáticamente desde su lugar de detención.
En un comunicado, Morales intentó desmantelar los pilares de la acusación fiscal. Sus principales argumentos de defensa se centran en tres ejes.
Por una parte, desmintió las versiones de una huida, asegurando que su detención -producida en San Juan- ocurrió en su domicilio de siempre. "Siempre he estado localizable", afirmó.
Morales también sostuvo que existió inversión previa. Según él, el hecho de haber contratado salones y movilizado logística prueba que no hubo intención de dolo, sino un colapso operativo.
El empresario además asegura tener la voluntad y los fondos (a través de una fianza) para resarcir a los damnificados, pero culpa a los "tiempos administrativos" de la fiscalía por la demora en los pagos.
A pesar del relato de Morales sobre una trayectoria impecable de 11 años, la investigación liderada por la fiscal Gabriela García Cobos ofrece una fotografía mucho más sombría de la empresa.
Los allanamientos realizados en Guaymallén y Ciudad arrojaron resultados que, para la querella, son incompatibles con una "falla administrativa" momentánea.
A pesar de que Morales insiste en que el problema se limitó a solo cuatro eventos y que las múltiples denuncias son solo una "falsa percepción" de volumen, la Justicia mendocina ha sido tajante: la prisión preventiva fue ratificada.
Para los investigadores, el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la causa son reales. Mientras el empresario pide "espacio para trabajar y devolver la confianza", las familias de las escuelas afectadas, como la Dr. Eduardo José Chala, solo ven en sus palabras una maniobra para evadir la responsabilidad penal por una estafa que, entre tarjetas y gastos anexos, les costó cerca de un millón de pesos por grupo familiar.