Mendoza avanzará con una nueva ampliación de su sistema de videovigilancia. El Gobierno provincial oficializó la adjudicación de una licitación para incorporar 1.200 cámaras de seguridad con inteligencia artificial, una tecnología que permitirá realizar búsquedas de personas, vehículos y otros elementos registrados a través de descripciones escritas.
La contratación representa una inversión de 1.804.000 dólares, equivalentes a $2.733.060.000, de acuerdo con la cotización oficial utilizada para evaluar las ofertas. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 2313, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado en el Boletín Oficial.
Sin embargo, uno de los aspectos particulares de la operación está relacionado con la facturación. Aunque la adjudicación fue otorgada a Plettac Electronics Argentina S.A., el decreto establece que los equipamientos serán facturados por Plettac Latam Group LLC, una sociedad radicada en Miami, Estados Unidos.
El equipamiento estará compuesto por dos tipos de dispositivos. Por un lado, se instalarán 800 cámaras PTZ, destinadas a exteriores y con capacidad para realizar movimientos horizontales y verticales, acercamientos y seguimientos. A ellas se sumarán otras 400 cámaras fijas tipo Bullet, que estarán destinadas a vigilar sectores específicos.
Pero la principal novedad estará en las herramientas de análisis que acompañarán al equipamiento. El sistema incorporará una función de búsqueda inteligente mediante lenguaje natural, que permitirá a los operadores ingresar descripciones escritas para localizar personas, vehículos u objetos que hayan quedado registrados en las grabaciones.
De esta manera, en lugar de revisar manualmente horas de filmaciones, los responsables de los centros de monitoreo podrán realizar consultas a partir de características determinadas y encontrar imágenes que coincidan con esas descripciones.
La propuesta también contempla una arquitectura de almacenamiento distribuido en los distintos centros de monitoreo de Mendoza. Esto permitirá que la Provincia cuente con infraestructura propia para conservar las grabaciones y disponer de mayor disponibilidad y redundancia de la información.
Otro de los puntos que dejó la contratación está relacionado con el costo final. Cuando se autorizó el llamado a licitación, el presupuesto oficial había sido establecido en $2.182,5 millones. Sin embargo, la adjudicación terminó alcanzando los $2.733.060.000.
La diferencia representa un incremento de $550.560.000 respecto de la previsión original, por lo que el decreto también autorizó una ampliación de la partida presupuestaria para afrontar el gasto.
Además, el monto en pesos no necesariamente será el definitivo. La contratación habilita el reconocimiento de las diferencias cambiarias que puedan producirse entre la cotización utilizada para evaluar las propuestas y el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al momento de realizar los pagos.