La situación de los comercios y las pequeñas y medianas empresas volvió a llegar a la Legislatura de Mendoza a través de un proyecto que propone declarar la Emergencia Económica Comercial en la provincia y poner en marcha un programa de asistencia para los sectores más afectados por la caída de las ventas.
La iniciativa, denominada “Persianas Arriba”, fue presentada por los diputados Lucas Ilardo y Lidia Quintana, del bloque Fuerza Patria, y plantea una serie de herramientas destinadas a sostener la actividad comercial, evitar nuevos cierres y facilitar la reapertura de establecimientos.
Según los fundamentos del proyecto, los comerciantes y las pymes atraviesan un escenario marcado por una baja en las ventas y un incremento de los costos fijos, una combinación que dificulta el sostenimiento de los negocios.
Para fundamentar la propuesta, los legisladores citaron información del Centro de Empleados de Comercio, según la cual hasta septiembre se habían registrado 150 comercios cerrados y 580 puestos de trabajo formales perdidos durante el año.
Los sectores señalados entre los más afectados son los vinculados a electrodomésticos, ropa e indumentaria, regalería, bazar, decoración, jugueterías y gastronomía.
A estos datos se suma un relevamiento de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), que señala que durante 2026 cerraron alrededor de 1.100 emprendimientos y pymes en Mendoza.
Entre los rubros mencionados aparecen los almacenes de barrio y minimercados, los locales gastronómicos y distintas actividades industriales.
Los autores del proyecto sostienen que las dificultades para afrontar alquileres, impuestos y los costos vinculados al mantenimiento de los puestos de trabajo se reflejan en el aumento de locales vacíos y comercios que bajaron sus persianas.
El proyecto plantea declarar la Emergencia Económica Comercial durante un año y crear el Programa Persianas Arriba, con el objetivo de sostener la actividad comercial, promover la reapertura de establecimientos y proteger los puestos de trabajo.
La medida alcanzaría a comercios minoristas y MiPyMEs vinculados a rubros como indumentaria y calzado, electrodomésticos, gastronomía, bazar, decoración, regalería y jugueterías.
Para acceder a los beneficios, los comercios deberían acreditar una caída real de la facturación respecto del año anterior, descontando el efecto de la inflación, o haber cerrado durante los últimos 12 meses. La reglamentación podría incorporar posteriormente otros sectores.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Producción, mientras que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y el Ministerio de Hacienda y Finanzas participarían en la implementación de las medidas tributarias, financieras y presupuestarias.
Entre las principales medidas contempladas aparece una exención de Ingresos Brutos para las actividades alcanzadas por la emergencia.
También se propone eximir del Impuesto de Sellos a los contratos de alquiler comercial, sus renovaciones y prórrogas celebrados durante el período de emergencia.
En cuanto a los alquileres, la iniciativa establece una asistencia económica de hasta el 50% del alquiler mensual durante un máximo de seis meses, con un tope por beneficiario que se actualizaría de acuerdo con el IPC de Mendoza.
El proyecto establece además que tendrán prioridad los comercios que mantengan su nómina de trabajadores registrados.
Otra de las herramientas previstas es la creación del Registro de Sostenimiento y Reactivación del Comercio Mendocino (ReSCoM), de carácter extraordinario y temporal mientras permanezca vigente la emergencia.
El programa también contempla que los comercios incluidos puedan acceder al Régimen Provincial de Refinanciación de Deudas Privadas.
Además, los beneficiarios tendrían prioridad en las acciones de asistencia y articulación que lleve adelante la Provincia con bancos, emisoras de tarjetas, cooperativas de crédito y otras entidades financieras.
El proyecto incorpora también un régimen especial para regularizar deudas vinculadas a los servicios esenciales, particularmente el suministro eléctrico.
La propuesta contempla planes de pago, reducción o bonificación de intereses y plazos que tengan en cuenta la capacidad económica de los comercios, además de establecer mecanismos para garantizar la continuidad del servicio.