Este viernes vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La medida, vigente desde el 23 de diciembre, había desactivado momentáneamente las protestas de los controladores aéreos, pero la disputa salarial sigue sin resolverse y amenaza con volver a tensar el espacio aéreo argentino.
Un conflicto que cede
La audiencia prevista para hoy a las 11.15 en la Secretaría de Trabajo se presenta como decisiva. Allí podría definirse una prórroga de la conciliación por cinco días hábiles más, lo que daría aire a las negociaciones en plena temporada alta de verano. Desde EANA insisten en su voluntad de diálogo y acusan al gremio de mantener una postura “beligerante” que, según la empresa, busca más generar daño que mejorar condiciones laborales.
Por su parte, ATEPSA, liderada por Paola Barritta, mantiene firme la amenaza de nuevas medidas de fuerza. Sin embargo, la ley considera los servicios de navegación aérea como esenciales, lo que obliga al gremio a presentar un cronograma con cinco días de anticipación y limita el alcance de los paros a un máximo del 45% de las operaciones. Mientras dure la conciliación obligatoria, cualquier acción gremial queda suspendida.
El conflicto no es nuevo ni aislado. En julio pasado, una primera conciliación obligatoria evitó un paro durante las vacaciones de invierno. En agosto, se concretaron tres jornadas de huelga nacional que derivaron en un acuerdo transitorio con un aumento del 15%. Pero en noviembre, el gremio retomó las protestas con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y suspensión de capacitaciones. Finalmente, en diciembre, dos días de paro afectaron vuelos de pasajeros y desembocaron en la conciliación que ahora expira.
La reiteración de medidas de fuerza evidencia la profundidad de la disputa y la dificultad de alcanzar un acuerdo duradero. Cada temporada alta se convierte en un escenario de tensión, con los pasajeros como principales rehenes de un conflicto que parece no encontrar salida.
La disputa en tribunales
La tensión se trasladó también al ámbito judicial. La Justicia investiga un presunto fraude administrativo vinculado a un acta paritaria de 2023 que habría otorgado aumentos anticipados para 2024 sin registro oficial. Entre los nombres que aparecen en la investigación figuran Gabriela Logatto (ex presidenta de EANA) y Paola Barritta (secretaria general de ATEPSA), señaladas por la supuesta creación de un documento irregular.
Además, EANA denunció al gremio por acciones que podrían haber comprometido la seguridad operacional, como la colocación de elementos sindicales en torres de control que habrían interferido con la visibilidad y la operación técnica. Estos episodios llevaron el conflicto más allá de lo laboral, instalándolo en el terreno judicial y sumando un componente de riesgo para la seguridad aérea.
El vencimiento de la conciliación coloca al Gobierno en una encrucijada: sostener la austeridad económica o garantizar la operatividad del transporte aéreo. Los controladores aéreos, por la naturaleza técnica de su tarea, poseen un poder de acción insustituible. Una reactivación de las medidas de fuerza podría comprometer la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el país.
La paritaria, además, no depende exclusivamente de EANA, sino de la pauta que establece Empleo Público, bajo la órbita de Maximiliano Fariña. Esto agrega un componente político y burocrático que ralentiza las negociaciones y aumenta la frustración gremial.
En este contexto, la posibilidad de una prórroga de la conciliación aparece como un recurso para ganar tiempo y evitar un paro inmediato. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que las prórrogas no garantizan soluciones de fondo, sino apenas postergan el conflicto.