El Ministerio de Seguridad de Mendoza incorporó 159 cámaras de seguridad privadas al sistema público de videovigilancia con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y brindar más herramientas para las investigaciones judiciales. La iniciativa se concretó mediante la firma de convenios con empresas, instituciones y organismos públicos de distintos puntos de la provincia.
Las cámaras integradas son aquellas que tienen vista hacia la vía pública y pueden aportar imágenes de utilidad para el monitoreo y el esclarecimiento de hechos delictivos.
La incorporación de dispositivos privados está prevista en la Ley Provincial N° 9.562, que regula el funcionamiento de la red de videovigilancia.
Desde el Gobierno provincial aclararon que las cámaras no son monitoreadas de manera permanente, sino que las imágenes son utilizadas únicamente cuando resultan necesarias en el marco de tareas de prevención o investigaciones.
Antes de sumarse a la red, cada dispositivo es evaluado por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, que verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos y, en caso de ser necesario, realiza observaciones al propietario para adecuar el sistema.
Hasta el momento, 34 firmas e instituciones firmaron los convenios de adhesión. Entre ellas figuran Millán S.A., supermercados Átomo, Open Mall, Amena, Cecitys, Transener, Idear Cuyo, Central de Bebidas, Kioscos Yes, Club Alemán, Browns S.A., La Bastilla, la Sociedad Rural del Valle de Uco, la Cámara de Productores Agrícolas Zona Norte de Lavalle, la Cámara de Comercio de San Rafael, la Cámara de Turismo de San Rafael y la Asociación Turística Cañón del Atuel, además de distintos municipios.
Uno de los aportes más importantes corresponde a la Terminal de Ómnibus de Mendoza, que incorporó 100 cámaras a la red provincial, ampliando significativamente la cobertura del sistema.
El programa está abierto tanto a personas físicas como jurídicas interesadas en colaborar con la seguridad pública. Como condición, las cámaras deben registrar exclusivamente espacios públicos, por lo que no pueden captar imágenes del interior de viviendas o propiedades privadas. De esta manera, el Gobierno busca ampliar la cobertura del sistema sin afectar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.