-El titular de la Asociación de Abogados Ambientalistas, lapidario con Cornejo.
-Dijo que borró la división de poderes y controla al "cuarto poder" con pauta.
Enrique Viale cuestionó a Alfredo Cornejo.
La decisión del gobierno provincial de avanzar con la minería metalífera rompió la pausa de la actividad debido al histórico rechazo popular, pero no evitó una ola de manifestaciones en contra. En este contexto de alta conflictividad, el abogado ambientalista y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Enrique Viale, lanzó duras acusaciones contra el gobernador Alfredo Cornejo.
En declaraciones a la prensa porteña, Viale no solo cuestionó la legitimidad social del proyecto de extracción de cobre, sino que apuntó directamente contra la calidad institucional de la provincia y la figura del mandatario.
Para Viale, lo que ocurre hoy en las calles mendocinas es una "pueblada" que ha sido borrada de la agenda pública nacional. "Tenemos prohibido este tema tanto en la tele como en la radio: está prohibido", sentenció el letrado, haciendo referencia a la falta de cobertura sobre las manifestaciones que siguen produciéndose.
Según el referente ambiental, existe un consenso tácito para invisibilizar el conflicto: "Está prohibido en los medios de todos los colores". Esta situación, argumenta, responde a la influencia de "poderes enormes detrás de la minería" que poseen vinculaciones transversales en todo el arco político, desde la derecha hasta el progresismo.
Las críticas más punzantes estuvieron dirigidas a la gestión política de Alfredo Cornejo. Viale describió al gobernador como una "persona nefasta" y denunció una grave degradación de la división de poderes en la provincia cuyana.
"Cornejo tiene un manejo de la provincia absolutamente autoritario, absolutamente antirrepublicano", disparó Viale. Según su análisis, el mandatario radical no solo controla los tres poderes del Estado provincial, sino que también ejerce un dominio férreo sobre el "cuarto poder" mediante el manejo discrecional de la pauta publicitaria, tanto a nivel local como nacional.
La denuncia escala al terreno de los derechos humanos: el abogado aseguró que el gobernador "está persiguiendo y deteniendo a ambientalistas" en el marco de las protestas contra el proyecto San Jorge.
El conflicto mendocino, sin embargo, no es un hecho aislado, sino la antesala de una batalla legislativa mayor que tendrá lugar en Buenos Aires. Viale alertó que el próximo 10 de febrero se intentará votar en el Senado nacional una "modificación regresiva" de la Ley de Glaciares.
El abogado denunció una maniobra de intercambio político entre las provincias y el gobierno central. "Los gobernadores juegan el peor papel de todos. Están negociando el voto de sus presupuestos a cambio de esta ley", explicó. En esta operación, señaló a dos actores clave: Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.
La reforma, según Viale, está "redactada a medida" de grandes transnacionales como Barrick Gold o Gold Corp. El objetivo sería permitir la destrucción de ambientes periglaciares, definidos por el especialista como "fábricas de agua" donde nacen los ríos que dan vida y trabajo a las regiones áridas.
Utilizando una analogía contundente, Viale cuestionó que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros defienda esta reforma: "¿Por qué está la Cámara defendiendo la modificación? Si vamos a modificar el Código Penal y le preguntamos a un femicida, va a decir que se saque el delito de femicidio".
A pesar del escenario adverso, con la aprobación de San Jorge ya consumada y la amenaza sobre la Ley de Glaciares, Viale reivindicó la resistencia histórica de la sociedad mendocina. Recordó que, aunque los "umbrales de vergüenza" de la clase política parecen haber desaparecido en comparación con 2010 o 2016, el pueblo de la provincia mantiene una conexión vital con sus recursos.
"Nunca hay que subestimar al pueblo mendocino y su relación con el agua, está en el ADN del mendocino", advirtió. Viale calificó a la provincia como "un milagro de la lucha" y elogió a sus juristas del agua, sugiriendo que la batalla por Uspallata y por la vigencia de la protección glaciar está lejos de haber terminado, pese a los intentos oficiales de darla por cerrada.
Mientras el 10 de febrero se acerca como una fecha clave en el Congreso, en Mendoza las calles continúan hablando, aunque las cámaras de televisión no estén allí para mostrarlo.