-El gobierno de Javier Milei mandó al Congreso su respuesta a un reclamo social de los más sensibles.
-El Ejecutivo insiste con la motosierra sin excepción.
Javier Milei, presidente de la Nación.
El Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, que surge tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), propone redefinir los criterios de acceso a las pensiones, endurecer los controles estatales y eliminar beneficios de integración laboral para los beneficiarios.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) ha formalizado el ingreso al Senado de la Nación del proyecto denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Este movimiento legislativo ocurre en un clima de alta tensión política, marcado por investigaciones sobre presuntas irregularidades y el incumplimiento previo de la normativa vigente, pese a los dictámenes adversos de la Justicia.
El eje central de la propuesta radica en la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Según expertos en materia previsional, esta maniobra implica un retroceso hacia el modelo previo a la sanción de la emergencia, eliminando el criterio de universalidad que regía hasta ahora. Al igual que con el conflicto por el financiamiento universitario, el oficialismo parece apostar a una estrategia de ganar tiempo mediante la apertura de un nuevo debate parlamentario que desplace las obligaciones actuales del Ejecutivo.
La pieza legal establece que, de ser aprobada, se iniciará un proceso de reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales bajo el riesgo de sufrir una suspensión automática y la posterior baja definitiva del beneficio.
Para garantizar el cumplimiento de estos nuevos estándares, el proyecto diseña un sistema de fiscalización que integrará el cruce de datos masivo entre la ANSES, la ARCA, el SINTyS y otros organismos del Estado. Este mecanismo permitirá a las autoridades aplicar suspensiones "preventivas" ante cualquier inconsistencia detectada en la información declarada, otorgando posteriormente el derecho a defensa, pero interrumpiendo el pago de forma inmediata ante la duda administrativa.
En lo que respecta a la cuantía de la ayuda, el nuevo sistema fija el monto de la Pensión No Contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Sin embargo, el texto introduce un recorte significativo al eliminar la potestad del Ejecutivo para otorgar plus por zona geográfica desfavorable o incrementos específicos por invalidez laboral.
La actualización de los aranceles para prestadores también sufrirá cambios. Si bien se prevé un ajuste trimestral atado al IPC y una compensación de emergencia, la normativa desregula la negociación con obras sociales y prepagas. Al autorizar convenios directos entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se elimina virtualmente el nomenclador nacional que garantizaba un piso mínimo de calidad y aranceles homogéneos en todo el territorio.
Quizás uno de los puntos más polémicos es la instauración de la “incompatibilidad absoluta”. El proyecto prohíbe que cualquier persona con discapacidad mantenga su pensión si accede a un empleo formal o se inscribe en regímenes laborales. Esto borra de un plumazo las políticas de integración que permitían a los beneficiarios insertarse en el mercado de trabajo registrado sin perder el sustento estatal básico.
Acompañando esta medida, la norma también suprime los incentivos para el sector privado. Se eliminan los programas de reconocimiento y los incisos que promovían la inclusión laboral en las empresas. De este modo, la discapacidad vuelve a ser leída exclusivamente bajo el lente de la "invalidez laboral", ignorando los avances de los últimos años que entendían la problemática desde una perspectiva social y de derechos humanos.
La decisión de iniciar el tratamiento en la Cámara Alta responde a una lectura estratégica de la Casa Rosada, donde suponen que el consenso es más sencillo de alcanzar que en Diputados. No obstante, se prevé una resistencia férrea de los bloques que el año pasado acompañaron la declaración de la emergencia y que ahora ven en este proyecto un desmantelamiento del sistema de protección social para uno de los sectores más vulnerables del país.