Bajo la administración Milei las empresas que bajan las persianas se multiplican. Los datos que ilustran el derrumbe consecuencia del plan económico.
Las empresas enfrentan un escenario recesivo con la profundización del plan económico de Milei.
La economía argentina atraviesa un proceso de erosión que golpea de lleno al tejido empresarial y laboral. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en enero de 2026 se registraron 488.177 empleadores, una cifra que contrasta con los 512.357 contabilizados en noviembre de 2023, mes que marcó el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese lapso de 26 meses, se produjo una caída neta de 24.180 empresas, lo que representa una disminución del 5%.
La contracción también se reflejó en el mercado laboral: la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema pasó de 9.857.173 a 9.567.050, lo que implica una pérdida de 290.123 empleos, equivalente a un 3% menos.
El retroceso se mantuvo constante durante todo el período analizado. En diciembre de 2024 había 500.141 empleadores. Un año después, en diciembre de 2025, el número se redujo a 489.749 y, finalmente, en enero de 2026 descendió a 488.177.
La comparación interanual muestra que, respecto de enero de 2025, se perdieron 11.194 empresas, lo que equivale a casi 1.000 cierres por mes. Aunque hacia fines de 2025 la caída se desaceleró, el dato más preocupante no es solo la cantidad de cierres, sino la marcada debilidad en la apertura de nuevas unidades productivas.
La Secretaría de Trabajo advirtió que la contracción en el stock de empresas no se origina necesariamente en un volumen de cierres históricamente elevado, sino en la escasa creación de nuevas firmas. En consecuencia, la pérdida de empleadores se explica “fundamentalmente por un déficit en la tasa de natalidad empresarial más que por una aceleración atípica en los ceses de actividad”.
Este fenómeno refleja un escenario en el que las condiciones macroeconómicas desalientan la inversión y la puesta en marcha de nuevos proyectos, mientras que las empresas existentes enfrentan dificultades para sostenerse.
Los especialistas señalan una combinación de causas detrás del retroceso:
El impacto inicial de la devaluación.
La paralización de la obra pública y privada, que golpeó con fuerza a la construcción.
La reducción del empleo público como consecuencia de la política de ajuste impulsada por el Gobierno.
A esto se suma la fragilidad de las empresas jóvenes, con menos de tres años de antigüedad, que no logran resistir los costos de inversión en un contexto de caída del consumo. Muchas unidades productivas dejaron de fabricar para dedicarse a comercializar bienes importados, mientras que el poco empleo nuevo que se genera se canaliza hacia la modalidad de monotributo, en detrimento del trabajo en relación de dependencia.
También se registraron cierres de empresas medianas y grandes, acompañados de programas de retiros voluntarios.
La pérdida de puestos de trabajo responde a múltiples factores: descenso del empleo formal tanto en el sector privado como en el público, aumento de la informalidad laboral y un mayor número de monotributistas, que quedan excluidos del seguro de riesgos del trabajo.
En enero, por razones estacionales, se verificó un leve repunte con 7.593 trabajadores ocupados adicionales en agricultura y construcción. Sin embargo, la tendencia general siguió siendo negativa en sectores como la industria, la enseñanza y la intermediación financiera.
El cuadro que se desprende de los datos oficiales es el de un entramado productivo debilitado, con menos empresas, menos empleo formal y un mercado laboral que se desplaza hacia modalidades más precarias. La desaceleración en la caída hacia fines de 2025 no alcanza para revertir la tendencia: la Argentina enfrenta un déficit estructural en la creación de nuevas unidades productivas, lo que compromete la capacidad de recuperación en el corto plazo.
La contracción del tejido empresarial y laboral no solo refleja el impacto de las políticas económicas recientes, sino también la dificultad de sostener proyectos en un contexto de consumo retraído y alta incertidumbre. El desafío, de cara al futuro, será recomponer la confianza y las condiciones para que la inversión privada vuelva a dinamizar el mercado de trabajo y la producción nacional.