Milei profundiza el torniquete contra las universidades públicas y se niega a cumplir con la ley para recomponer la situación financiera.
Milei produndiza el ajuste contra las universidades públicas.
Foto: FadiuncEl viernes pasado venció el plazo legal que obligaba al Gobierno nacional a girar $2,5 billones a las universidades públicas para recomponer salarios y presupuesto. La transferencia, prevista por la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, fue ratificada por el Congreso en octubre de 2025 y respaldada por la Justicia. Sin embargo, Javier Milei decidió dilatar el cumplimiento y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar el pago.
La Procuración del Tesoro argumentó que la norma es “inconstitucional” porque no especifica la fuente de los recursos, un planteo que la Cámara Contencioso Administrativo ya calificó de “absurdo”. Mientras tanto, la crisis presupuestaria y salarial en las universidades se profundiza.
La situación de los docentes y trabajadores nodocentes es alarmante. En 2024, con una inflación del 118%, los salarios no tuvieron aumento alguno. En 2025, la pérdida fue de 35 puntos frente al índice de precios. En total, la caída acumulada alcanza los 141 puntos en dos años, lo que equivale a haber trabajado siete meses sin cobrar.
El derrumbe salarial lleva ya 17 meses consecutivos, un récord negativo que iguala la crisis universitaria de 2002. El Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación documentó esta debacle, que afecta directamente la calidad de vida de miles de trabajadores del sistema universitario.
El ajuste no se limita a los salarios. Los gastos básicos de funcionamiento —gas, luz, agua— sufrieron un recorte del 45% en dos años, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las universidades denuncian que la situación es insostenible y que muchas casas de estudio apenas pueden garantizar su actividad cotidiana.
El Gobierno intentó paliar la crisis con una ley propia de financiamiento que apenas recompone un 12% de lo perdido en 2025 y nada de lo perdido en 2024. Para rectores y gremios, se trata de una solución insuficiente que no resuelve la emergencia.
Ante la negativa oficial, el Frente Sindical de Universidades —que nuclea a rectores, docentes, nodocentes y estudiantes— anunció una movilización masiva para mayo. El objetivo es visibilizar el reclamo y sumar a toda la sociedad en defensa de la educación pública.
La protesta busca presionar al Gobierno para que cumpla con la ley y transfiera los fondos, además de exigir la recomposición salarial y la actualización de becas estudiantiles. “La situación está al límite”, advierten desde el CIN, que denuncia una caída del 45,6% en las transferencias desde 2023.
La semana pasada hubo un paro en todo el país con acciones de visibilización que en Mendoza llevó adelante la Fadiunc en el Nudo Vial, además de las clases públicas en varias universidades y en lugares de alto tránsito como la Alameda.
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada con los dos tercios de ambas Cámaras. La Justicia ordenó su aplicación inmediata, pero el Ejecutivo insiste en desconocerla.
El fallo del juez Martín Cormick, respaldado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, obliga al Gobierno a cumplir sin más dilaciones. Sin embargo, la Casa Rosada apuesta a que la Corte Suprema le dé la razón y le permita esquivar el pago.
Mientras tanto, las universidades públicas enfrentan un escenario crítico: salarios pulverizados, presupuestos recortados y un conflicto que amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos sociales y políticos del año.