El Departamento General de Irrigación, que comanda Sergio Marinelli, formalizó la entrega de títulos de concesión para el uso de agua subterránea en dos perforaciones ubicadas en Cacheuta, sobre la margen derecha del río Mendoza. Se trata de un sector declarado bajo restricción hídrica debido a la presión sobre el acuífero, lo que convierte la decisión en un paso de alto impacto después de que el año pasado escalara la polémica entrega de pozos a Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA y de Cresud, también en una zona de acuífero restringido.
Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial otorgan a la firma Simplot Argentina S.R.L. el derecho de explotación del recurso por un plazo de 50 años. Hasta ahora, la empresa operaba bajo permisos provisorios, en lo que Irrigación definió como una “tolerancia administrativa”. La concesión definitiva implica seguridad jurídica, aunque bajo condiciones estrictas: instalación de medidores, presentación de declaraciones juradas anuales y posibilidad de inspecciones. El incumplimiento podría derivar en sanciones o incluso en la caducidad del derecho de uso.
Simplot Argentina S.R.L. es propiedad de la firma estadounidense J.R. Simplot Company, un gigante agroindustrial de propiedad familiar fundado en 1929. En Argentina, la empresa opera en asociación con el empresario Fabio Calcaterra (primo de Mauricio Macri), quien lidera el proyecto local y la planta de producción de papas congeladas en Mendoza desde 2016.
Campos de papa en Valle de Uco
Detrás de Simplot se encuentra la firma San Fili, perteneciente a la familia Calcaterra, cercana al expresidente Mauricio Macri. La empresa representa a la marca estadounidense en Mendoza y ha montado en la provincia toda la cadena de producción de papas congeladas.
La planta industrial está emplazada en Luján de Cuyo, camino a Chile y próxima al complejo penitenciario. Allí utiliza agua subterránea para sostener sus procesos productivos. El esquema no se limita a la fase industrial: integra también la producción agrícola, con cultivos asociados que dependen directamente del recurso hídrico.
Alta demanda de agua para sostener el riego
El desarrollo de San Fili se extiende al Valle de Uco, particularmente en San Carlos, donde la empresa cuenta con 14 pozos de agua subterránea destinados al cultivo de papa. El riego se realiza mediante sistemas tecnificados por pivote, una modalidad de alta demanda hídrica que permite sostener la escala industrial.
En Cacheuta, además de las perforaciones regularizadas, la compañía gestionó permisos adicionales para garantizar el suministro eléctrico, considerado crítico en la zona. El esquema productivo combina la extracción de agua con su reúso: parte del recurso se destina a la planta industrial y luego se reutiliza en riego agrícola. Según los expedientes, la firma mantiene en producción unas 92 hectáreas con cultivos rotativos y forestales, y proyecta ampliar el uso de efluentes para regar hasta 100 hectáreas de alfalfa. Irrigación condicionó esta autorización a la instalación de caudalímetros que midan con precisión los volúmenes reutilizados.
La justificación de Marinelli
Marinelli justificó el otorgamiento de estas concesiones en un "proceso de ordenamiento" iniciado en 2017, destinado a corregir un esquema que durante años permitió el uso de agua subterránea sin completar el trámite legal correspondiente.
“Son perforaciones cuyos permisos se otorgaron en el marco del proceso de reordenamiento, y que corresponde una vez realizados que el HTA les dé la concesión”, señaló el funcionario, citado por Los Andes.
El funcionario destacó que el proceso cuenta con aval técnico del Instituto Nacional del Agua (INA) y del IHLLA, además de respaldo jurídico del Instituto del Agua de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.
Otra polémica, con Elstain en foco
En Mendoza el avance de Eduardo Elstain, el magnate dueño de IRSA y de Cresud, tocó una fibra que la política local suele cuidar con recelo: el agua. El conflicto se originó en la Resolución 125/2025 del Departamento General de Irrigación. En plena emergencia hídrica, con los acuíferos de la Subcuenca El Carrizal bajo estricta restricción, el jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, autorizó a Cresud a perforar cinco pozos para regar 424 hectáreas en Luján de Cuyo. Por esta acción a todas luces discrecional, el funcionario estuvo a punto de ser llevado a juicio político, pero la mayoría que ostenta Alfredo Cornejo en el jury lo salvó.
El beneficio fue tan grosero que el caso no tardó en llegar a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Lo que los magistrados tienen sobre sus escritorios no es una simple disputa técnica por un pozo; es el debate sobre si un empresario con acceso directo a la quinta de Olivos puede estar por encima de la escasez que sufren miles de mendocinos.
La entrega de estos recursos en una zona donde los acuíferos están "cerrados" para nuevos emprendimientos provocó un sismo institucional. Organizaciones ambientales, productores locales y sectores de la oposición denunciaron que la resolución fue un "traje a medida" para el anfitrión del presidente.
El conflicto llegó a la Suprema Corte, que avaló la autorización precaria en un fallo que firmaron seis de sus siete miembros, y que sienta un precedente inédito que Marinelli celebró: la Corte aplicó la normativa del agua superficial al agua subterránea para los permisos, y les otorgó el carácter de precarios.
