El Gobierno avanza con una demanda en contra de pagar la indemnización a un agente de la policía que certificó su incapacidad.
El Gobierno de Mendoza resolvió avanzar en la Justicia contra un ex policía que había recibido una indemnización por incapacidad en 2024. La medida se formalizó mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde se instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones penales y civiles. Según los dictámenes oficiales, el beneficio otorgado se sustentaba en una normativa aplicada con exceso de facultades y en contradicción con los hechos reales que regulan el orden jurídico vigente.
La Dirección de Asesoría Letrada calificó la resolución anterior como un error “grosero”, con consecuencias económicas directas para el Estado provincial. Sin embargo, al tratarse de un acto administrativo que ya había adquirido estabilidad, la única vía disponible para su anulación definitiva es la judicial, a través de una acción de lesividad.
El núcleo del litigio se centra en la reevaluación de la incapacidad del ex uniformado. Los organismos de control determinaron que la condición era relativa y permanente, pero bajo parámetros que no justificaban el pago reconocido. En consecuencia, el Ministerio de Seguridad y Justicia consideró que la indemnización carecía de legitimidad y debía ser revisada.
La ministra Mercedes Rus declaró la resolución previa como lesiva a los intereses públicos, lo que habilitó la intervención directa de los abogados de la provincia. El decreto también faculta a evaluar los plazos de prescripción, con el objetivo de definir qué montos pueden ser recuperados o bloqueados en el marco del proceso judicial.
La decisión del Ejecutivo provincial refleja que el ajuste llega hasta los beneficios otorgados a ex agentes de seguridad. El caso expone la tensión entre la estabilidad de los actos administrativos y la necesidad de proteger los recursos públicos frente a posibles irregularidades. En este sentido, la acción de lesividad se convierte en una herramienta clave para revertir decisiones que, aunque firmes en apariencia, resultan perjudiciales para el erario.
El conflicto también abre un debate sobre los mecanismos de evaluación de incapacidad en las fuerzas de seguridad y la transparencia de los procesos que derivan en compensaciones económicas. La revisión de este caso podría sentar un precedente para futuros reclamos similares.
Con la demanda ya en curso, será la Justicia local la que determine la validez del beneficio concedido en 2024. El tribunal deberá ponderar los argumentos de ilegitimidad presentados por el Gobierno frente al derecho adquirido por el ex funcionario. La resolución final no solo impactará en el caso particular, sino que marcará un rumbo en la relación entre la administración pública y los beneficios otorgados a sus agentes.
Mientras tanto, el expediente se convierte en un nuevo capítulo de la política provincial en materia de seguridad y control administrativo, con implicancias tanto legales como económicas para Mendoza.