- Avanza la causa contra la cúpula de la AFA
- La Justicia define el futuro del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
Chiqui Tapia en la mira de la Justicia.
El escenario judicial del fútbol argentino atraviesa una fase de alta tensión institucional tras la activación del plazo legal para que la Justicia defina la situación procesal del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino.
La solicitud de detención fue presentada por el fiscal federal Pedro Simón, quien impulsa una investigación de fuerte impacto institucional. El pedido recae ahora en el juez Guillermo Díaz.
El eje central del planteo judicial se apoya en un dictamen de 181 páginas elaborado por el fiscal Simón. En ese documento se detalla una presunta red de maniobras irregulares que involucran a empresas vinculadas a Toviggino, las cuales habrían sido utilizadas para canalizar negocios ilícitos con la AFA.
Según la fiscalía, la entidad que rige el fútbol argentino habría funcionado como núcleo de acuerdos considerados espurios, generando beneficios económicos para sus principales autoridades en detrimento de la transparencia institucional. La acusación describe un esquema sistemático, con características de organización estable, orientado a desviar fondos y ocultar su origen.
La imputación formal reviste una gravedad significativa: tanto Tapia como Toviggino están señalados como presuntos autores de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Estas figuras penales implican no solo la existencia de una estructura organizada, sino también la intención de sostener en el tiempo un circuito de operaciones ilegales.
El escrito judicial sostiene que dichas prácticas habrían afectado no solo el patrimonio de la AFA, sino también el orden económico general, al involucrar movimientos financieros de considerable magnitud. En ese sentido, la investigación apunta a un entramado de corrupción administrativa con capacidad de permanencia bajo la órbita del poder dirigencial.
El avance de la causa trasciende la jurisdicción de Santiago del Estero. La pesquisa incluye el relevamiento de bienes y activos localizados tanto dentro como fuera de esa provincia, lo que sugiere una posible expansión territorial del presunto esquema investigado. En este contexto, la decisión del juez Díaz será determinante para el futuro inmediato de la conducción del fútbol argentino.