Las librerías independientes reclamaron que se declare la "Emergencia Librera" a nivel nacional ante el deterioro de la actividad y la caída de la facturación.
Según un relevamiento realizado sobre 1.200 comercios de todo el país, la facturación real del sector cayó 41,5% entre 2023 y 2026. La cantidad de libros vendidos también disminuyó y registró una baja del 25% en el período.
Al mismo tiempo, los costos operativos aumentaron 31,1% en términos reales, lo que elevó los gastos necesarios para mantener abiertas las librerías. Entre ellos se encuentran alquileres, servicios públicos, logística y sueldos.
La combinación de menores ingresos por ventas y mayores gastos genera un efecto de presión sobre los comercios independientes, que deben afrontar costos fijos cada vez más altos mientras venden menos ejemplares.
Qué implica la emergencia librera
De acuerdo con el planteo de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) y las entidades que respaldan el reclamo, declarar la emergencia permitiría impulsar herramientas económicas urgentes desde los distintos niveles del Estado para evitar el cierre definitivo de locales.
El objetivo no se limita a sostener la actividad, sino también a generar condiciones que permitan a las librerías independientes competir con las grandes cadenas y las plataformas de comercio electrónico.
Entre las medidas solicitadas figura la devolución del crédito fiscal acumulado por IVA y la creación de líneas de financiamiento con tasas subsidiadas para refinanciar las deudas acumuladas y sostener el funcionamiento de los comercios.
También reclaman una tarifa postal federal diferencial para los libros, con un costo de envío reducido y subsidiado que permita bajar los gastos logísticos y mejorar las condiciones de competencia frente a las plataformas de comercio electrónico.
Otro de los pedidos apunta a las compras estatales prioritarias. El sector solicita que los organismos públicos den participación a las librerías pymes y de barrio cuando compren libros y materiales destinados a escuelas y bibliotecas.
Las entidades también presionan para que se mantenga y se respete la Ley del Libro, que establece un régimen de precio uniforme para evitar que grandes supermercados y cadenas puedan aplicar descuentos que las librerías independientes no están en condiciones de sostener.
Por último, FALPA impulsa la creación de una Mesa Nacional del Libro y las Librerías, con participación del Estado, autores, editoriales, distribuidores y libreros, para definir políticas de corto, mediano y largo plazo vinculadas con la actividad y la promoción de la lectura.