Desestiman denuncia penal por usura contra Mercado Pago

La denuncia penal contra Mercado Libre por presunta usura en los créditos de Mercado Pago fue desestimada y archivada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53. La jueza tomó la decisión en línea con el criterio de la fiscalía, que consideró que no había elementos suficientes para sostener la existencia de ese delito.

El fallo se basó en que, para hablar de usura en términos penales, debe comprobarse que alguien se aprovechó de la necesidad, la inexperiencia o la falta de conocimiento de una persona en particular para imponerle condiciones económicas abusivas. Según el dictamen, en este caso no se pudo demostrar una situación de ese tipo.

La resolución también señaló que no toda discusión por el costo de un préstamo constituye un delito. Los cuestionamientos sobre los intereses, las condiciones comerciales o los posibles cobros excesivos deben tramitarse ante la Justicia civil y comercial o los organismos de defensa del consumidor, según corresponda.

La denuncia que impulsó Gabriel Solano

La causa había sido iniciada semanas atrás por el dirigente político, Gabriel Solano, quien cuestionó las tasas de interés y el costo de los préstamos ofrecidos a través de Mercado Pago. Además, había solicitado una medida cautelar para suspender los cobros mientras avanzaba la investigación.

Con el archivo, la Justicia penal cerró ese expediente al considerar que no se acreditaron los requisitos necesarios para investigar un delito de usura. Sin embargo, la decisión no resuelve los reclamos por las condiciones económicas de esos créditos ni determina si los usuarios pagaron importes indebidos.

Ese punto es central porque existe otra causa judicial, independiente de la denuncia penal, que continúa en trámite y busca establecer si las tasas aplicadas por la plataforma vulneraron los derechos de los consumidores.

La demanda colectiva que sigue abierta

La Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) presentó una demanda colectiva contra Mercado Libre para que se revisen los intereses y el costo total de los préstamos de Mercado Pago. El expediente está radicado en el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24, de la Ciudad de Buenos Aires.

La asociación reclama que se revisen de manera retroactiva las operaciones, los contratos y las tasas aplicadas durante los últimos tres años. Según sus cálculos, el reclamo podría alcanzar a unos 7 millones de usuarios en el país.

La demanda se presentó como una acción colectiva. Esto significa que, si la Justicia falla a favor de los consumidores y establece que la empresa cobró importes indebidos, la decisión podría beneficiar a todos los usuarios alcanzados por el fallo, sin que cada uno tenga que iniciar una demanda individual.

ACFRA sostiene que, si se comprueba que los costos fueron abusivos o violaron la Ley de Defensa del Consumidor, Mercado Pago deberá devolver el dinero cobrado de más. El juzgado comercial todavía debe analizar las condiciones de los créditos y resolver si hubo una vulneración de los derechos de los usuarios.

La discusión por las tasas de interés

Uno de los principales cuestionamientos de la asociación se apoya en pericias financieras que, según indicó, detectaron un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de hasta el 1.375% en ciertos microcréditos de la plataforma.

En términos simples, ese indicador expresa el costo de un préstamo en términos anuales e incluye los intereses y otros cargos que corresponden a la operación. El porcentaje señalado por ACFRA se refiere a determinados créditos y no significa que todos los usuarios paguen esa tasa.

El tema volvió a tomar fuerza hace poco días, cuando Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, cuestionó en la red social X la forma en que el Banco Central exige informar el costo financiero de los préstamos.

La discusión comenzó con una publicación del economista Agustín Etchebarne, quien compartió una simulación de un crédito de $10.000 a devolver en 12 cuotas. En la pantalla figuraba un CFTEA del 102,36%.

Galperin respondió que el indicador exigido por el Banco Central era “falso, incorrecto y por ende inflacionado”. Su objeción apunta a la forma en que se calcula el costo anual y a que, según sostiene, ese porcentaje no refleja lo que ocurre en la práctica con los préstamos que se devuelven en cuotas.

La controversia sobre las tasas sigue así por una vía distinta de la denuncia penal que fue archivada. Mientras ese expediente quedó cerrado, la Justicia comercial todavía debe determinar si hubo cobros abusivos y si corresponde ordenar reintegros a los usuarios afectados.