- El caso de YPF abrió un nuevo interrogante que podría costarle al Gobierno
- Los demandantes piden sanciones contra la Argentina por incumplimientos
El Gobierno podría recibir un revés en el caso de YPF.
Este jueves, los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza de Nueva York Loretta Preska que fije fechas para avanzar con una declaración de desacato y posibles sanciones económicas contra la Argentina, por demoras en la entrega de chats, mensajes y correos de funcionarios y exfuncionarios.
El pedido fue presentado por Petersen y Eton Park, financiados por el fondo Burford, tras obtener una sentencia favorable por US$16.000 millones, actualmente apelada por el Estado argentino.
Los demandantes acusan al país de incumplir órdenes judiciales y de entregar información de manera parcial.
En el escrito propusieron un cronograma para tratar el desacato: la moción el 15 de enero, la respuesta argentina el 19 de febrero y la réplica el 5 de marzo, esquema que fue aceptado por la defensa.
El objetivo de fondo es demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas actúan como “alter egos” del Estado, lo que podría habilitar embargos. Para ello reclaman comunicaciones privadas de funcionarios, entre ellos Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno.
Desde el Gobierno sostienen que los dispositivos son personales y que la entrega depende de la voluntad de cada funcionario, aunque los demandantes insisten en que persisten las demoras.