Mendoza, por medio del gobernador Alfredo Cornejo, se presentó como querellante en la causa por el ingreso de Eskenazi a YPF junto a Chubut y Santa Cruz.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.
@PrensaGobiernoEl gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, formalizó este lunes en los tribunales de Comodoro Py la decisión de la provincia de constituirse como querellante en la causa que investiga el ingreso del Grupo Petersen a YPF en 2007, operación que derivó en el multimillonario juicio internacional contra el Estado argentino por la expropiación de la petrolera en 2012.
Cornejo estuvo acompañado por sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, en una movida política y judicial conjunta de las principales provincias productoras de hidrocarburos.
Los mandatarios presentaron un escrito en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 y adelantaron que también llevarán la discusión al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El objetivo es participar activamente en el expediente que analiza las condiciones de la compra de acciones de YPF por parte del grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, y que luego dio origen a la demanda de los fondos Burford y Eton Park contra la Argentina.
Durante la conferencia de prensa brindada en Buenos Aires tras su paso por los tribunales, Cornejo sostuvo que la decisión responde a la necesidad de defender los intereses de las provincias petroleras frente a las consecuencias del litigio internacional.
“Queremos frenar el atropello de malas gestiones kirchneristas por las que hoy todos los argentinos estamos sometidos a un juicio que compromete la soberanía nacional y el futuro de nuestras provincias productoras de petróleo ”, afirmó el mandatario mendocino.
En la misma línea, advirtió: “Argentina atraviesa una situación crítica, un embargo por 16.000 millones de dólares que está en plena ejecución en un tribunal de Nueva York. Como Gobernador de Mendoza, una provincia petrolera y socia de YPF, no puedo permanecer indiferente frente a una injusticia que es consecuencia directa de la gestión irresponsable del kirchnerismo”.
En 2007, el Grupo Petersen –a través de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, radicadas en España– adquirió el 25% de YPF a Repsol. La operación se financió con dividendos de la propia petrolera. Cinco años después, el Congreso sancionó la ley 26.741 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF.
Tras el proceso, Burford Capital compró los derechos de litigio del Grupo Petersen en concurso y en 2015 presentó una demanda en Nueva York. En 2023, la jueza Loretta Preska falló contra la Argentina y fijó una indemnización de 16.000 millones de dólares, más intereses.
En junio de 2025, Preska ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago, aunque la Corte de Apelaciones suspendió la medida un mes después, brindando un respiro temporal al país.