El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incluyó una modificación trascendental en la forma en que se administra la deuda pública del país. Esta reforma, impulsada por el Ministerio de Economía bajo el liderazgo de Luis Caputo, es considerada vital por el oficialismo para dotar al Poder Ejecutivo de una flexibilidad sin precedentes para enfrentar los compromisos financieros, especialmente ante la inminencia de considerables vencimientos en moneda extranjera, que se proyectan a superar los USD 4.200 millones tan solo en el mes de enero.

El artículo medular de la propuesta legislativa redefine significativamente las facultades del Poder Ejecutivo para gestionar los pasivos nacionales. En concreto busca reemplazar las estrictas limitaciones impuestas por la Ley de Administración Financiera (particularmente aquellas conocidas como "Ley Guzmán") y habilitar un espectro mucho más amplio de operaciones financieras.

Este nuevo marco incluiría explícitamente operaciones de canje, compras, ventas y el uso de instrumentos derivados, tanto en el mercado local como en el internacional. Para el equipo económico, esta aprobación no es solo una enmienda, sino la "llave" que permitirá negociar con una amplia gama de acreedores y operadores de mercado bajo condiciones considerablemente más flexibles y ágiles que las permitidas por la normativa actual.

El artículo 56, de Luis Caputo

El artículo 56 del Proyecto de Presupuesto 2026 constituye un verdadero punto de inflexión. Faculta de manera directa a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a ejecutar "operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese". Esto moderniza y amplía la caja de herramientas del Tesoro Nacional para incluir transacciones habituales y complejas del mercado financiero:

• Instrumentos Tradicionales y Derivados: Se permite la compra, venta y canje de bonos, acciones y títulos. Además, se incorpora la gestión activa a través de pases de monedas, tasas de interés, opciones y una amplia gama de derivados financieros.
  
  
• Manejo de Vehículos Ad Hoc: La propuesta introduce la posibilidad de utilizar entidades creadas ad hoc o vehículos específicos para estas operaciones de gestión de deuda. Un punto crucial es que estas entidades quedarían explícitamente excluidas de las rigurosas regulaciones de contrataciones públicas, lo que apunta a una mayor rapidez y confidencialidad en las transacciones.

• Flexibilidad en Cartera: Se habilita al Tesoro a mantener los instrumentos financieros adquiridos en cartera para futuras transacciones, optimizando la capacidad de respuesta y aumentando la flexibilidad operativa del Estado para manejar sus activos y pasivos.

La distinción fundamental con el régimen legal actualmente vigente (Artículo 65 de la Ley 24.156) reside en el concepto de "mejoramiento".

• Régimen Actual (Ley 24.156): La normativa actual exige que toda reestructuración de deuda o administración de pasivos debe implicar un mejoramiento objetivo para el Estado. Esto se traduce en la obligación de demostrar una mejora en términos de montos adeudados, extensión de plazos y/o reducción de intereses.
  
  
• Texto en Debate (Artículo 56): En un contraste significativo, el proyecto de ley elimina esta obligación. Esto confiere al Poder Ejecutivo una mayor discrecionalidad para realizar operaciones que, si bien pueden no cumplir con el estricto criterio de "mejoramiento" inmediato, son consideradas estratégicas o necesarias para el ordenamiento de la curva de vencimientos o la mejora de la liquidez. Además de ampliar el menú de operaciones a derivados y pases, el texto exceptúa estas transacciones de ciertos controles legales y restricciones presupuestarias, buscando una ejecución más directa.

Estrategia para los vencimientos críticos de enero

La urgencia de esta reforma se vincula directamente con la necesidad de gestionar el fuerte vencimiento de USD 4.200 millones programado para el 9 de enero de 2026, de los cuales USD 3.700 millones están en manos de bonistas privados.

Luis "Toto" Caputo, titular de Economía, junto al presidente Javier Milei.

El equipo económico ve en esta nueva ley un pilar esencial para sus estrategias. El ministro Caputo ha manifestado que la posibilidad de realizar canjes más agresivos y flexibles, por ejemplo, reemplazando los bonos emitidos durante la gestión de Martín Guzmán (que actualmente cotizan a precios de descuento) por nuevos instrumentos más convencionales, podría tener un impacto directo y positivo en la percepción de riesgo país. El Gobierno estima que esta acción podría potencialmente reducir el riesgo país de 590 a un rango cercano a los 490 puntos.

Las alternativas que maneja el Gobierno para el 9 de enero, más allá del canje habilitado por la nueva ley, incluyen:

• Refinanciación en el Día: Ejecutar operaciones de refinanciamiento el mismo día del vencimiento para extender los plazos.
  
  
• Líneas Repo Internacionales: Utilizar líneas de financiamiento bajo la modalidad repo (acuerdos de recompra) con bancos internacionales, evaluando un monto de hasta USD 7.000 millones.
  
  
• Swaps de Monedas: La posible activación de acuerdos swap con Estados Unidos y China para obtener liquidez inmediata en dólares.

Caputo ha sido enfático al asegurar que, con estas herramientas y estrategias, "no es problema el vencimiento del 9 de enero," buscando transmitir calma a los mercados sobre la capacidad de pago del Estado.