El diputado Damián Arabia propuso derogar el aporte obligatorio al PEVI. Voces a favor y en contra de una medida vitivinícola central
Proponen eliminar fondos para la COVIAR.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEl proyecto de ley presentado por el diputado nacional Damián Arabia busca eliminar la contribución obligatoria al Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), que financia a la COVIAR. La iniciativa generó una fuerte controversia en el sector de la vitivinicultura, con apoyos políticos puntuales y un rechazo masivo de entidades vitivinícolas.
Damián Arabia, legislador del PRO, impulsa la derogación del artículo 3° de la Ley 25.849, que obliga a los establecimientos vitivinícolas a aportar un porcentaje mínimo por cada litro comercializado al financiamiento del PEVI, ejecutado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Según el diputado, el aporte es una “imposición injustificada” que “distorsiona el mercado”.
La propuesta recibió el respaldo de algunos sectores vinculados al liberalismo económico y cámaras que reclaman mayor autonomía para las bodegas. Sin embargo, la mayoría del arco productivo se opone, incluyendo a la Federación de Cámaras Vitícolas, la Cámara de Bodegueros de San Juan, la Asociación de Viñateros de Mendoza y diversas entidades regionales.
Desde la COVIAR advierten que el aporte al PEVI representa apenas “centavos en valores de miles” sobre el precio final del vino, y que su eliminación “no impactaría en lo que el consumidor ve en la góndola”. Pero sí implicaría, aseguran, “destruir 20 años de planificación estratégica y dejar sin financiamiento a programas clave del sector”.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, remarcó que la entidad fue una construcción consensuada del sector privado y aseguró que su costo es mínimo frente a los beneficios que ha generado para la industria. “La COVIAR nació como una iniciativa del sector privado, con consenso y trabajo conjunto entre provincias y técnicos de renombre”, recordó Villanueva, quien participó del proceso que derivó en la sanción de la ley. En ese sentido, señaló que se trata de un ente público no estatal que articula esfuerzos entre organismos técnicos, gobiernos provinciales y empresas.
El dirigente enfatizó que el presupuesto de la COVIAR representa un costo ínfimo frente a los beneficios alcanzados, entre ellos la defensa del vino frente a impuestos internos, la declaración del vino argentino como bebida nacional y la obtención de fondos internacionales para el sector.
Villanueva también alertó sobre el impacto negativo que podría tener su eliminación: “Si no se la considera un beneficio, se puede eliminar, claro. Pero eso significaría quedarse sin herramientas de promoción, tanto en el mercado interno como en el exterior. Las cámaras no tienen los recursos para reemplazarla”, advirtió.
Por último, cuestionó a los sectores que impulsan su eliminación desde Buenos Aires y que, según dijo, “no tienen raíces en la vitivinicultura” y responden a intereses ajenos a las economías regionales. “Quienes están al frente de la COVIAR no cobran un peso, trabajan ad honorem porque creen en una causa. Y los resultados están a la vista”, concluyó.
El conflicto pone en tensión el modelo de gestión público-privada que sostiene a la vitivinicultura argentina desde 2005, y abre un debate profundo sobre cómo debe financiarse el desarrollo de una de las economías regionales más relevantes del país.
La primera en mostrar su apoyo fue la vicegobernadora, Hebe Casado, quien también pertenece al PRO. Casado reposteó en su red social X varios tuits del impulsor del proyecto, Damián Arabia.
Por otro lado, Bodegas de Argentina emitió un comunicado oficial en el trae nuevamente al ruedo los motivos por los que no participa de COVIAR: “Decisión que se tomó debido a la falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión”. Además, desde Bodegas denunciaron que “las empresas están obligadas por ley a aportar recursos a esta institución y son inmovilizadas sus operaciones, en caso de no hacerlo o presentar atrasos en los pagos”.